Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco fueron hallados culpables por el Tribunal de Sentencia que este viernes los condenó a tres años y dos años y medio de cárcel, en el caso conocido como caseros de oro, informó el periodista Raúl Ramírez.
El Ministerio solicitó penas de cinco años para Reinaldo Chaparro, cuatro años y medio para Lucio Romero y cinco años para Nery Franco, todos ellos imputados por delitos de estafa y cobro indebido de honorarios.
La Fiscalía sostiene que los mismos percibían un salario de la Cámara de Diputados, pero en realidad trabajaban en las casas del diputado cartista Tomás Rivas.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppSegún la investigación, Nery Antonio Franco González ingresó a la Cámara de Diputados en el año 2016 como chofer, pero siempre estuvo en el distrito de Ybycuí, de acuerdo con lo revelado en el 2017 en una investigación de Última Hora.
Actualmente, Franco continúa como funcionario en el cargo de asistente de Tomás Rivas, quien recibe una remuneración de G. 3 millones según planilla, con un horario de 7:30 a 13:30.
En el caso de Reinaldo Chaparro Penayo, la investigación reveló que la mayoría de las veces estaba en la zona de Panambiretá, en Lambaré, donde está ubicada la residencia del parlamentario, y también en la localidad de Ybycuí.
El mismo continúa percibiendo un salario de G. 2.800.000 como contratado, también como asistente de Rivas, en un horario de 7:30 a 13:30. Su fecha de ingreso en la Cámara de Baja se registró en el año 2013.
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En tanto que el tercer casero, Lucio Romero Caballero, quien figuraba como secretario privado, la investigación fiscal constató que en ningún momento habría estado en la zona del Congreso en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 28 de febrero de 2017, sino la mayor parte en la compañía César Barrientos de Ybycuí; es decir, en la quinta del legislador.
Al igual que los mencionados arriba, Rivas se encuentra imputado por supuesto cobro indebido de honorarios, estafa, expedición y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Su proceso se lleva en paralelo ya que la Fiscalía prefirió separar los casos ante las reiteradas trabas puestas por el político.
