El senador colorado Víctor Bogado fue condenado anoche a un año de cárcel, tras ser hallado culpable de cobro indebido de honorarios, en el caso conocido como de la niñera de oro, que había generado la reacción ciudadana –años atrás– cuando los senadores evitaron el desafuero de Víctor Bogado y luego tuvieron que rever su postura a causa de una gran movilización.
La exigua sentencia fue suspendida a prueba, con lo que no irá a prisión.
La coprocesada Gabriela Quintana fue sentenciada a un año y medio de encierro, mientras que el ex director de Gabinete del Diputados, Miguel Pérez, fue absuelto de todos los cargos.
Los jueces Elio Rubén Ovelar y Juan Carlos Zárate votaron por la condena, mientras que Víctor Medina, en disidencia, por la absolución.
Según el voto en mayoría, se comprobó que hubo cobro indebido de honorarios porque Quintana era funcionaria de la Cámara de Diputados, donde cobraba G. 13.237.400 y a la vez firmó un contrato laboral con la Itaipú, con un salario de G. 8.339.300.
Sobre Víctor Bogado, dicen que facilitó dicho cobro.
Alegan que la Carta Magna, en su artículo 105, prohíbe la doble remuneración.
A Pérez lo absolvieron por duda.
No obstante, con respecto a la estafa, alegaron que no se probó el perjuicio patrimonial a la Itaipú, con lo que no se configuró el hecho punible.
Con ello, condenaron a un año de cárcel a Bogado, y un año y medio a Quintana. Ambas penas serán suspendidas.
LAS PARTES. En sus alegatos, los fiscales requirieron penas de 4 años de cárcel para el senador y Quintana, como coautores por cobro indebido de honorarios y estafa. Mientras, para Pérez pidieron un año y seis meses, como cómplice.
Sostuvieron que Bogado sabía que Quintana era funcionaria de Diputados y aún así pidió su contratación. Remarcaron que se valió de su cargo para la contratación de en Itaipú y luego solicitó su comisionamiento.
Quintana percibió desde el 4 de marzo del 2013 al 11 de octubre de ese año un poco más G. 71 millones más su liquidación de G. 34 millones
Por su parte, Andrés Casati, abogado de Quintana, sostuvo que su cliente era “chupamedias y obsecuente”, pero que eso no era delito. Incluso, la trató de “infeliz”.
Su defensa se fundó en que los empleados de Itaipú no son funcionarios públicos, por lo que no podía haber cobro indebido de honorarios. Además, señaló que la Corte prevaricó en la acción que rechazaron.
Óscar Latorre refirió que no había pruebas de que Bogado pidió que Quintana sea contratada. Pidió la absolución.
En octubre prescribe la causa
Con la condena por cobro indebido de honorarios y la absolución por estafa, si para el 11 de octubre de este año no queda firme el fallo, el delito prescribe.
Esto, porque el doble de la pena es de 6 años, tal como los mismos jueces lo señalaron al rechazar la prescripción requerida por la defensa, con lo que con este delito, el caso puede llegar a la prescripción.
Tras el juicio oral, el fiscal René Fernández señaló a los medios que el Tribunal de Sentencia tuvo una lectura diferente y falló en ese sentido. “Esperaremos la sentencia escrita y apelaremos“, adelantó el agente.
Es que habían pedido 4 años para el legislador y para Quintana a más de un año y medio de cárcel para Pérez.
Apelará. El senador Víctor Bogado señaló que iban a apelar la sentencia, porque iban a seguir insistiendo en su inocencia.
Además, calificó el fallo como mediático y que por lo menos uno de los jueces se dio cuenta de ello, y no se prestó para la condena.
Ni Pérez ni Quintana dieron declaraciones, luego de que se dictara la sentencia.
El grupo de los escrachadores, tras escuchar la sentencia dictada, gritaban que se iban a acabar los que robaban al Estado. Calificaron de leve el fallo.