Técnicos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) con apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional ya realizaron tres intervenciones para los cortes de las conexiones clandestinas; la última fue el pasado 9 de mayo. Sin embargo, estas vuelven a ser reinstaladas a pocas horas de la intervención. El inmueble posee 16 hectáreas divididas en 206 lotes ocupados por 200 familias aproximadamente. Con título de propiedad registrado de cada lote y libre condición de dominio para transferir, según los propietarios.
ANDE. Meliano Cardozo, jefe de la sección Santa Rosa del Aguaray de la ANDE, señaló que retiraron los postes de la ANDE tras la última intervención. No obstante, las líneas fueron reconectadas casi inmediatamente. “No tenemos conocimiento de quién es el electricista que vuelve a reconectar. Hoy nos vamos a cortar y para la noche ya vuelven a reconectarse. No sabemos si poner un policía que vigile”, expresó.
Señaló que existen usuarios con medidores, por lo que no pueden cortar las líneas ilegales en un 100%.
Según una denuncia de los propietarios de Operadores del Campo SA hecha ante el Ministerio Público, existen un total de siete funcionarios de la ANDE que estarían ocupando parte de inmueble de manera ilegal. Es decir, entre los invasores existirían funcionarios de la ANDE. Estos serían Pablo Alcides Pereira, Miguel Ramón Villasboa, Arnaldo Morel, Rogelio Ríos Giménez, Aldo Asunción Ramos Recalde, Isidro Mendoza y Tomás Velázquez.
Sobre esta situación, Cardozo confirmó que los siete son funcionarios de la empresa pública. Además, informó que Aldo Ramos está residiendo en el inmueble y que no cuenta con una conexión legal. Pero no pueden desconectarla porque afectaría a un usuario que sí está en regla.
Afirmó que los técnicos de Asunción están estudiando las pérdidas que genera dicha ocupación. Mientras dure ese análisis, no realizarán nuevos cortes en el inmueble.
Título. Propietarios de la firma Operadores del Campo SA acercaron al diario el título del inmueble en cuestión. Alegan que están abiertos a dialogar con los ocupantes la venta de los lotes en cuotas por negociar, pero que existe una comisión vecinal que prohíbe a los ocupantes negociar con la empresa, so pena de corte de electricidad clandestina y agua.
Cuestionan también que todos los usuarios pagan por el consumo de energía eléctrica y lamentan que exista impunidad en el uso y consumo de electricidad de forma clandestina. Incluso con la participación de los mismos funcionarios de la ANDE que están ocupando el inmueble de forma irregular.
Sin respuestas. Intentamos sin éxito comunicarnos con dirigentes de la comisión vecinal Pro Desarrollo Los Azahares, conformada por los ocupantes del fraccionamiento. El veterinario Roberto Ramos, tesorero de la comisión de ocupantes, nos pidió hablar con Silvino Ramón Busto Cabral, presidente de la Comisión. A pesar de ello, este no se encontraba en su domicilio al momento de nuestra visita y tampoco respondió a nuestras llamadas al número con terminación 512. Misma suerte tuvimos con Alberto Palacios Ocampos, secretario de la comisión, según nos informaron en su domicilio, estaba trabajando durante nuestra visita a la zona.
Estafa. Virgilio Paiva, uno de los residentes del fraccionamiento Los Azahares, informó a ÚH que fue estafado en su buena fe. Esto, tras intentar comprar uno de los lotes para su residencia cayó en manos de estafadores.
“Yo contacté a una persona conocida, que era comerciante de una zona donde tenía mi alquiler. Después, le comenté que estaba interesado en comprar lotes en Santa Rosa del Aguaray. Yo que quería mi primera casa propia, me dijo que podía entregar un monto inicial y luego pagar todo en cuotas de forma mensual. Yo vine de otra ciudad y no conocía como era la situación real, estaba confiado y no pregunté si tenían todos los documentos. Le di el dinero, pasamos por escribanía y le iba pagando cada mes”, comentó.
El plan de pagos era de G. 20 millones de forma inicial y luego cuotas de G. 1 millón hasta completar los G. 60 millones. Paiva en total pagó G. 53 millones, faltando siete cuotas, dejó de pagar ya que existían rumores de que se trataba de un inmueble en situación irregular.
“Me empecé a preocupar y le dije que ya no podía seguir pagando. Francisco Reyes se llama el comerciante. Hice la denuncia ante el Ministerio Público y hace un año está parado en la Fiscalía. Compré de buena fe e inclusive pagué por la construcción de mi casa G. 140 millones”, manifestó.
Paiva tiene agua, pero la energía eléctrica es todo un problema ya que durante varios días no tiene conexión.
