Así, confirmaron los 29 años de encierro para Gustavo Gabriel Insfrán Álvarez, apodado Guazón, y Celia María Maidana Torres, por homicidio doloso agravado.
También sanciones de 15 años de prisión para María Gabriela Villalba; 13 años para Gustavo Daniel Noguera Martínez y 11 años para César Daniel Maidana Bazán, como cómplices del crimen.
El asesinato se registró en la mañana del 23 de junio de 2014 en la oficina ubicada sobre Pitiantuta casi Mariscal López de nuestra capital.
Las apelaciones fueron planteadas por la abogada Marina Cañete por Celia Maidana; Diego Duarte, por Gustavo Noguera; Carlos Arce, por Gustavo Insfrán y Gabriela Villalba.
Todos pidieron anular el juicio oral, con lo que debería volver a realizarse el juicio; o en su caso, la absolución de culpa y reproche.
DIVIDIDO. El voto de los camaristas fue dividido. El preopinante, Pedro Mayor Martínez, votó por la nulidad del juicio oral, debido a la falta de congruencia, así como varios errores. Consideró un reenvío para un nuevo juicio.
Por su parte, los camaristas Gustavo Santander y Gustavo Ocampos, en su análisis, entendieron que se ajustaba a Derecho, por lo que debía ratificarse en todas sus partes.
Con ello, por el voto en mayoría de los miembros, se ratificaron las penas para los encausados.
En el caso, la sentencia condenatoria fue dictada el 18 de octubre de 2016, por los magistrados de Sentencia, Víctor Manuel Medina, Elsa García y Olga Ruiz.
La víctima del hecho fue la empresaria Sonia Doutreleau, quien recibió nada menos que 33 puñaladas.
Según los jueces, la Fiscalía probó en el juicio oral que Celia Maidana contrató a Gustavo Insfrán para asesinar a su jefa Doutreleau.
Incluso, que la mujer hizo gestiones a través de María Gabriela Villalba, esposa de Gustavo Insfrán, quien fue el autor material del crimen.
Además, con respecto a Gustavo Noguera, esposo de Maidana, también gestionó la contratación del asesino. Sobre César Maidana, sobrino de Celia, colaboró como cómplice para cobrar 1 millón de guaraníes.
La defensa ahora puede recurrir a la Sala Penal de la Corte con un recurso extraordinario de casación para tratar de anular los fallos.