Los abogados Óscar Tuma y Raúl Caballero, requirieron se concediera el arresto domiciliario para el mismo, basado en que no había posibilidad de obstruir las pesquisas, tenía suficiente agravio, y por el principio de igualdad procesal debido a que los demás coprocesados tienen libertad ambulatoria.
Igualmente, señalaron que ellos presentaron documentos que probaban que los descuentos de cheques se realizan a través de dos entidades bancarias dentro del sistema financiero, sin que haya ninguna irregularidad.
Además, como fianza real, ofrecieron un inmueble valuado en USD 750.000, propiedad de la esposa del procesado. Requirieron que el arresto se cumpla en un departamento ubicado en Asunción.
Sin embargo, para el juez existe aún existe peligro de fuga y de obstrucción de las investigaciones, así como el comportamiento del imputado, por lo que ratificó la prisión preventiva.