La Cámara de Apelaciones confirmó la libertad ambulatoria a Javier Zacarías Irún el pasado 23 de abril, aunque la resolución recién fue dada a conocer este miércoles. El senador colorado se encuentra imputado por lesión de confianza y desvío de dinero.
El Ministerio Público solicitó revocar la medida alternativa a la prisión otorgada por la jueza Cinthia Garcete; sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, Segunda Sala en lo Penal, de Alto Paraná, consideró que no existe fuerza necesaria para anular la resolución.
Nota relacionada: Escrachan a jueza por dar libertad a Javier Zacarías Irún
Los magistrados se ampararon en la nueva legislación que deja sin efecto la Ley 4431/2011, que obligaba a los magistrados a decretar la prisión preventiva en los crímenes (con penas mayores a cinco años).
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLa investigación apunta a que Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, ex intendenta de Ciudad del Este, se encuentran involucrados en un supuesto desvío de dinero público para utilizar en propaganda electoral y compra de inmuebles en el exterior.
Lea más en: Con nueva ley, causas de políticos podrían modificarse, afirma abogada
La causa conocida como el caso Frontera Producciones detalla que a través de supuestos contratos publicitarios se hacían subcontrataciones con otras empresas de publicidad manejadas por familiares del jefe de prensa de la Comuna.
En el caso también están acusados Alberto Rodríguez, ex intendente interino; Juan Domingo Sanabria Notario, ex jefe de prensa; David Espínola, ex director de Finanzas; y Carlos Bordón Bottino, propietario de Frontera Producciones.
También puede leer: Fiscalía acusa a Zacarías y McLeod por desvío y lesión de confianza
La lista sigue con los familiares de Sanabria Notario, Lucía Rojas Espínola, Dora Rojas Espínola, Olga Rojas Espínola y Gustavo Rojas Espínola, quienes aparecen como propietarios de las otras empresas publicitarias.
El senador fue imputado por instigación, luego de que Sanabria Notario declarara que él era el intendente de facto de la Municipalidad, cuando la esposa era la intendenta electa. El caso salió a la luz cuando la Comuna de Ciudad del Este fue intervenida y McLeod destituida por el Congreso Nacional.
