En tiempos donde la prioridad son las elecciones, duermen el sueño de los justos en el Congreso Nacional dos proyectos ideados por el Gobierno que son claves para reducir el abultado gasto público.
Se trata de las leyes del servicio civil y de responsabilidad fiscal 2.0 (ver infografía).
La primera fue presentada el 1 de setiembre ante la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, que aglomera a diputados y senadores de distintas bancadas.
El proyecto contempla nuevas reglas para el funcionamiento del aparato estatal, tales como un tope salarial, una escala salarial en base a la responsabilidad, una autoridad normativa única y la obligatoriedad del concurso para ingresos y promociones, premiando la meritocracia.
Este planteamiento también inhabilitará de por vida a funcionarios que hayan cometido actos de corrupción, tanto para ingresar como para permanecer en la función pública.
La idea del Ejecutivo era que esta Comisión Bicameral recoja las sugerencias de los gremios públicos afectados y adecue la legislación en colaboración con un equipo interinstitucional del Gobierno, para luego introducirlo a una de las cámaras.
Sin embargo, como esto no sucedió, el Ejecutivo retiró el documento, realizó las adecuaciones y volverá a remitir el mismo a fin de mes.
“Tras recoger las sugerencias, estamos terminando la revisión y creemos que para fines de este mes vamos a darle entrada en una de las cámaras ya directamente”, expresó la asesora jurídica de la Secretaría Técnica de Planificación, Fátima Vera.
TOPES. La ley de responsabilidad fiscal 2.0, por su parte, fue presentada por el Ministerio de Hacienda el 4 de diciembre ante el Senado.
La Cámara Alta introdujo el planteamiento en su sesión ordinaria del 17 de diciembre, pero el mismo quedó postergado sine die.
Esta propuesta contempla la prohibición de aumentos salariales y del gasto corriente hasta el 2024. Además, desde 2025, el crecimiento del gasto corriente anual se disminuye en un 50% en relación a la normativa vigente y los reajustes de sueldos se permiten solo cuando se da un incremento del salario mínimo.
Asimismo, el proyecto topea la creciente deuda pública en el 40% del PIB y el déficit anual en el 1% en caso de que el indicador deuda/PIB sea mayor al 36%, entre otros puntos.
Si bien desde el Fisco no lanzaron números acerca del ahorro que se podría producir con estas leyes, un estudio hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) antes de la pandemia hablaba de un malgasto público anual de alrededor del 3,9% del PIB, es decir, USD 1.450 millones.
Otro análisis hecho por el ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira indica que el gasto rígido del Estado creció 147,8% en la última década, llegando a los G. 62,2 billones (USD 9.283,5 millones) al término del 2020.
Además de estas dos leyes, el Gobierno presentó hace unas semanas la nueva ley de compras públicas; mientras que la ley de reestructuración de entidades y la reforma de la Caja Fiscal siguen pendientes de finalización.
