Hace 12 días, la Cámara de Senadores resolvió sancionar el proyecto que plantea la modificación de algunos artículos de la Ley Nº 5.033/2013 “que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos’ y deroga la Ley N° 6.355/2019”.
Una vez que llega en manos del presidente Mario Abdo Benítez tiene seis días hábiles para tomar promulgar o vetar.
Los senadores no llegaron a reunir los votos suficientes para ratificarse en el proyecto en base a su versión que en principio penalizaba la omisiones en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
De esta manera quedó firme la modificación planteada desde la Cámara de Diputados donde el sector del cartismo defendió la cuestionada propuesta que minimiza y considera las omisiones como errores que simplemente pueden ser modificadas y no sean sujetas de investigación.
puerta abierta. La medida asumida por los legisladores a favor de la despenalización es una puerta abierta para la corrupción y manipular información sensible principalmente para los funcionarios públicos que ocupan niveles de decisión política.
Con esta jugada, plantean que las rectificaciones fuera de plazo se pueden realizar en cualquier momento sin que sean pasibles del delito de declaración falsa.
La maniobra pretende poner una barrera para que la Contraloría General de la República pueda informar a la Fiscalía General del Estado sobre aquellos casos de funcionarios que pasan por alto algunas informaciones sobre su declaración jurada de bienes.
presión social. Tras la sanción que hubo a instancias del Congreso, varios sectores sociales y económicos se movilizaron para plantear al presidente de la República a que termine vetando el impopular proyecto de ley.
En un comunicado conjunto de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y la Cámara Nacional de Comercio, señalaron que las declaraciones juradas de funcionarios públicos no deben ser despenalizadas porque abre la puerta a la impunidad, a la corrupción, facilita el lavado de dinero y va contra la transparencia.
La organización internacional Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) se pronunció también y consideró que la norma hecha a medida de un sector de los legisladores representa un verdadero golpe institucional y el estado de derecho.
Considera que se pretende dejar impunes a quienes pretenden falsear su declaración jurada de bienes.
Refiere que actualmente son pocos los casos en los que se podría abrir un proceso por omitir datos en las declaraciones juradas; sin embargo, con este proyecto, se dejará “en la más absoluta impunidad a todos quienes mienten”.
IDEA advirtió que así como la mafia mandó matar al fiscal Marcelo Pecci en un atentado en Colombia, los afectados por la publicidad de las declaraciones juradas pretenden matar la efectividad de esta herramienta.
“La única persona que puede evitar este atropello a la lucha contra la corrupción y la impunidad es el presidente Mario Abdo, vetando la ignominiosa modificación del artículo 14 de la ley de declaraciones juradas”, sentenció la organización.
El vicepresidente Hugo Velázquez es otro que considera que debe ser vetada la ley.
En contra partida, algunos referentes colorados están solicitando al presidente de la República que pueda finalmente aggiornarse a la decisión tomada en la Cámara de Senadores. Sin embargo, hasta el momento, el presidente aún no se pronunció sobre el tema y hará las consultas a sus asesores.
