Hasta combos de descuento ofrecían los funcionarios implicados en la compraventa de calificaciones en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA. Por un cambio de nota en una materia se pagaba G. 800.000, pero por tres o cuatro había un “precio especial”. Los integrantes de la mafia interna eran funcionarios que se acercaban a los estudiantes para ofrecerles el cambio de nota una vez terminado el examen.
“Encontraban al chico o a la chica llorando y le decían: ‘no te preocupes, hay una forma de arreglar. Después vamos a hablar’”, detalló ayer el doctor Antonio Tellechea, interventor de la carrera. Y cuando venían a dar clases les hacían la oferta. “Da asco decir”. Pero no solo vendían notas, también porcentajes de asistencia por un monto menor al de una calificación cambiada. Los pagos se hacían a través de giros Tigo.
Los interventores cotejaron que los funcionarios con acceso al sistema informático modificaron las notas en varias oportunidades, incluso. Se detectó que hubo cinco cambios en una misma acta en tres casos. Lo que suponen ocurría porque pedían más dinero a los alumnos para cambiar la nota o modificaban a medida que corría la negociación.
Hasta el momento, la intervención de Derecho registra 30 estudiantes implicados en la compra de notas y cinco funcionarios administrativos. La Fiscalía ya imputó a 15 implicados, trece de los cuales son estudiantes y dos funcionarios (ver infografía).
Como la compra de exámenes o puntajes es considerada como falta grave en el estatuto de la Universidad Católica, los alumnos que incurrieron en este fraude pueden acabar con matrícula suspendida o retirada.
El informe preliminar da cuenta de que en el año 2012 se registraron 49 cambios de notas, en el 2013 unas 139 modificaciones y en el 2014 otros 33 cambios. El mayor porcentaje de modificaciones se dio entre enero, febrero y marzo de 2013.
En total, durante los tres años se vieron 221 modificaciones sin respaldo. La intervención comprobó que tres estudiantes ya recibidos con notas fraguadas están cursando posgrados en otras instituciones, sin contar con el certificado de grado de la UCA.
Un funcionario confesó abiertamente que falsificó la firma de profesores para cobrar cheques correspondientes a pago por exámenes extraordinarios. La falsificación de firmas está siendo investigada por el fiscal Alberto González. Para el inicio de la causa se presentaron cuatro a cinco cheques con firma falsificada, pero de la propia declaración del funcionario se supo que son muchos más. Se estima que fueron entre 15 a 20 cheques fraguados. “Era una petit organización delictiva”, se quejó Tellechea.
