Mediante el Decreto 2325, el titular del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, aceptó la renuncia del asesor económico ad honórem Carlos Conrado Hoeckle.
Conrado Hoeckle fue criticado por la construcción de un puente entre Asunción y Chaco’i, cuyo trayecto inicial fue modificado, coincidentemente, para que la infraestructura vial pueda estar más cerca de la propiedad de 1.200 hectáreas del ahora ex asesor económico.
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El ex asesor tendría planeado desde hace tiempo con su empresa, Terminal Occidental SA (Tosa), la construcción de una ciudad al otro lado del río Paraguay. Asimismo, es directivo del Centro Azucarero y presidente de la Azucarera Paraguaya SA (Azpa).
Asimismo, otro caso refiere que el empresario supuestamente también fue beneficiado con información privilegiada de Petróleos Paraguayos (Petropar), según una denuncia presentada contra la titular de la estatal, Patricia Samudio.
La empresa de Hoeckle, de nombre Monte Alegre SA, retiró 7,5 millones de litros de combustibles de la planta petrolera, a un precio de G. 4.363, dos días antes del anuncio oficial de la suba de sus combustibles.
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La renuncia de Conrado Hoeckle se suma a la del titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Armando Rodríguez, quien fue duramente criticado por la escasez de medicamentos y una supuesta compra irregular de equipos para el nuevo hospital Ingavi.
Rodríguez ya había puesto su cargo a disposición cuando salieron a la luz supuestas irregularidades en una multimillonaria licitación a favor de una empresa de seguridad para la institución.
El Poder Ejecutivo ya se encontraba analizando cambios de autoridades, en el marco del primer año de gobierno, por no alcanzar los estándares de gestión, pero la presión aumentó con la firma de un acta con Brasil sobre la contratación de energía de Itaipú, que derivó en dos pedidos de juicio político y en la renuncia de las principales autoridades involucradas.
Entre ellas, Luis Castiglioni al Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Saguier Caballero a la Embajada paraguaya ante Brasil, José Alberto Alderete a la Dirección General paraguaya de Itaipú, y Pedro Ferreira y Alcides Jiménez a la presidencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
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El desventajoso acuerdo fue cancelado finalmente por el Brasil, a pedido de Paraguay, mientras que los pedidos de juicio político serían tratados, en principio, esta semana, con el objetivo de rechazarlos y darle tranquilidad al Gobierno, mediante la unidad del Partido Colorado.