Esta mañana se realiza la sesión del Consejo de Administración de la Itaipú Binacional (IB), con el objetivo de definir la tarifa de energía para el 2022. Paraguay mantiene la postura de una tarifa de 22,60 USD kW/mes; mientras que Brasil busca reducirla a 18,95 USD kW/mes, por lo que hasta ahora no se cuenta con una base presupuestaria aprobada en la entidad.
El director paraguayo de la IB, embajador Manuel María Cáceres, señaló ayer que las negociaciones en torno a la reunión se realizan en el marco del Anexo C, que establece que la tarifa debe bajar, teniendo en cuenta que la deuda de Itaipú también se reduce este año. Insistió que las conversaciones continúan con los pares brasileños. “Nos encontramos ante un Tratado y sus anexos y la posición brasileña es mucho más cómoda. Estamos justamente negociando y buscando acuerdos”, afirmó Cáceres en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
El director agregó que Paraguay continúa en su posición de mantener la tarifa en su valor actual, para generar recursos adicionales que puedan invertirse en el sistema eléctrico nacional. Añadió que, a pesar de la diferencia con relación a la tarifa, existe buena relación de trabajo con Brasil. Sin embargo, el país vecino ya aplica una tarifa provisoria a la baja en un valor de 12%, de acuerdo a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), organismo regulador eléctrico brasileño.
De los siete componentes que integran las bases presupuestarias de la IB, hasta el momento hay consenso en seis, quedando pendiente el correspondiente a los Gastos de Explotación, punto fundamental para la tarifa 2022. “El insumo de las bases presupuestarias de los Gastos de Explotación es un componente clave dentro de la estructura del Costo del Servicio de Electricidad de Itaipú, punto en disenso para el cálculo de la tarifa 2022”, había explicado la entidad en un mensaje.
Estrategia. A su turno, la investigadora Cecilia Vuyk, integrante del grupo SoberaníaLab, de la campaña Itaipú Ñane mba’e, opinó que el plan brasileño consiste en avanzar sobre los hechos consumados para lograr sus objetivos. Al mismo tiempo, considera que un punto central es “la ausencia (oficial) de una estrategia nacional paraguaya y el desvío de atención de los puntos centrales”, como lo son la venta de nuestra energía desde el sector público, el cese del pago de la deuda corrupta, la recuperación del territorio y del poder en Itaipú, con decisiones soberanas desde cada Estado e incorporando el presupuesto de Itaipú, lado paraguayo, al Presupuesto General de la Nación (PGN).
Vuyk se preguntó qué se está jugando realmente en Itaipú, porque el Gobierno no es transparente en sus acciones en torno a la IB. “Si reducimos la tarifa sin estrategia nacional no tenemos cartas para seguir presionando por los puntos centrales, como la venta de energía, qué hacemos con la energía paraguaya, y qué hacemos con el territorio y el poder en Itaipú, cómo se van a seguir tomando las decisiones, ¿de coleros en una estructura jurídica que nos tiene presos como país y como Estado?”, cuestionó la investigadora.
Además, indicó que el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez no genera buenas expectativas, teniendo en cuenta el Acta Secreta de 2019, que casi le costó el cargo al mandatario. Señaló que es la ciudadanía, como en 2019, la que con su presión defiende los intereses en la entidad.
En Parlasur piden apoyar la soberanía hidroeléctrica
El parlasuriano Ricardo Canese presentó esta semana un proyecto de declaración al Parlasur, en el cual se insta a los gobiernos del Mercosur a tomar las medidas necesarias para que el Paraguay ejerza plenamente su soberanía hidroeléctrica en la región, “como establecen el Tratado de Asunción y los Tratados de Itaipú y Yacyretá, así como el Acuerdo Lugo-Lula del 25 de julio del 2009”. Canese subrayó que si es que la energía hidroeléctrica paraguaya fluyera libremente en el Mercosur, sustituirá la quema innecesaria “de costosos hidrocarburos en las más ineficientes y costosas centrales térmicas que se ponen en funcionamiento por esta ausencia de integración eléctrica”. Agregó que la producción hidroeléctrica que el Paraguay todavía no consume no debería seguir siendo una “ilegal energía cautiva de oligopolios privados brasileños y argentinos, que la intercambian ineficientemente, de facto”.
