Las fiscalas Irma Llano y Silvana Otazú realizaron ayer dos allanamientos en simultáneo en negocios en que estaban trabajando las dos personas que fueron detenidas en el caso: Gustavo Benítez Cabral, ciudadano paraguayo, y Carlos Chumpitaz, de nacionalidad peruana. Según Llano, una playa de venta de automotores, que es del peruano, fue allanada, pero no se encontró ninguna evidencia.
Explicó la fiscala que se pudo revertir la mitad del cobro indebido, es decir, 175 millones de los G. 350 millones del daño patrimonial.
En total fueron realizadas aproximadamente 7.000 transacciones de beneficiaros, de las cuales fueron aprobadas por lo menos 700.
De acuerdo con el comisario Diosnel Alarcón, no fue por medio de un hackeo que lograron cobrar el dinero, sino que habrían conseguido los códigos de validación.
Fue Bancard el que alertó que una consultora tenía una cantidad excesiva de beneficiaros, lo que llamó la atención de los investigadores.
