Nueve ciudadanos brasileños y dos empresas presentaron ante la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) recursos de apelación y nulidad buscando recuperar los productos declarados como contrabando, en su mayoría cigarrillos de la empresa Tabesa, del ex presidente Horacio Cartes, los cuales fueron decomisados en puertos clandestinos ubicados sobre la franja de protección de la Itaipú Binacional y depósitos en Salto del Guairá.
La DNA resolvió rechazar los recursos presentados por Pedro Antonio Locio, Roberto Locio Sosa, Janicelio Brito de Morais, Rafael Lucena Da Silva, Thiago Marcelo Braga, Marcius Vinicius Tagino, Rodrígo Cestalio Pellegrina, Alexandre Da Costa Pupín, Janicelio Brito de Morais, así como las firmas Vvmah Traiding Anónima y It Group SA.
Los productos y transportes fueron incautados durante los operativos realizados por la Fiscalía y la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC).
En total fueron retenidas 34 embarcaciones, 19 vehículos, 5.032 cajas de cigarrillos y 12 cajas de electrónicos, perfumes y otros, por un valor aproximado a G. 17.387 millones, equivalentes a unos USD 3 millones.
El operativo fue sobre siete puertos clandestinos ubicados dentro de la franja de protección de Itaipú, así como también sobre cinco depósitos en la zona de Salto del Guairá.
reclamo. El director de la DNA, Julio Fernández, señaló que tras los operativos nadie reclamó las embarcaciones, las cuales no contaban con documentación alguna. A su vez, dijo que algunos de los vehículos retenidos figuraban como robados en el Brasil.
El argumento esgrimido por los reclamantes es que el procedimiento de la Fiscalía y la UIC fue “arbitrario”, así como la resolución de la Aduana de Salto del Guairá, que declaró como contrabando al hecho.
“Este procedimiento fue más bien una pelea o ataque contra los mismos funcionarios del Estado, entre Aduanas, Detave, Senad, entre otros, en donde han actuado a espaldas de uno y otros al solo efecto de derribarse entre ellos, y es de público conocimiento, ya que después se han atacado verbalmente por los medios televisivos, radiales y prensa escrita. Es una vergüenza que empresarios que han apostado al país sean perjudicados con estas intervenciones amañadas, que podemos calificar como un robo por las mismas autoridades del Estado, y que todos los ciudadanos, especialmente de las fronteras, se están fundiendo a consecuencia de estas expresiones y robos a los trabajadores de la zona”, señala parte del texto.
