“La economía de Paraguay muestra señales de recuperación, luego de que la pandemia de Covid-19 negativamente afectó a los sectores de manufactura y servicios, y cerró las fronteras de Paraguay a los visitantes durante siete meses, lo que resultó en un crecimiento negativo significativo de marzo a mayo de 2020”, destaca el documento, que vuelve, como en ocasiones anteriores a señalar a la Triple Frontera como una de las zonas donde la ilegalidad impera. “El área de la Triple Frontera, compuesta por las áreas fronterizas compartidas de Paraguay, Argentina y Brasil, es hogar de un comercio de bienes ilícitos de miles de millones de dólares, incluidos el cultivo de marihuana y el tráfico de cocaína y armas, lo que facilita un importante blanqueo de capitales en Paraguay”, puntualiza el informe.
VULNERABLE. En ese sentido, el Departamento de Estado da cuenta de una serie de deficiencias. ”Las vulnerabilidades incluyen un gran número de casas de cambio no registradas; el uso frecuente de efectivo; el uso de información falsa para registrar empresas; regulación laxa de las empresas de importación-exportación, controles fronterizos débiles; agentes gubernamentales corruptos; y supervisión insuficiente de un gran volumen de transferencias de dinero al Líbano y China”.
Al respecto, agrega que “el Gobierno ha trabajado para reducir el sistema para blanquear el producto ilícito mediante la adopción de medidas para abordar la corrupción, eliminar ineficiencias de la burocracia, y mejorar la coordinación interinstitucional”.
No obstante, afirma que este delito en Paraguay sigue ocurriendo “tanto en las instituciones financieras como en los sectores no financieros”.
Paraguay “lucha por investigar y enjuiciar casos complejos de lavado de activos dentro del estatuto de limitaciones, la falta de experiencia de los funcionarios, demoras judiciales y falta de cooperación interinstitucional...”, también afirma el informe.
Valora la aprobación de dos leyes relacionadas con el blanqueo de capitales. “Ambas leyes mejoraron la capacidad de la Secretaría de Confiscación de Activos (Senabico) para administrar y obtener ganancias de activos delictivos”, afirma el documento.
El Departamento de Estado afirma que Paraguay “inició varios casos más de lavado de dinero de alto perfil. Las autoridades han llevado a cabo órdenes de registro y, en algunos casos, han presentado cargos preliminares y acusaciones formales. Como en casos pasados, el desafío será ver estos casos hasta su finalización y condena”.
El documento concluye que “el Gobierno paraguayo avanzó modestamente en la implementación de nuevas leyes aprobadas en 2019, pero continúa luchando por obtener condenas por lavado de dinero.
