Sigue la polémica en torno a los productos sanitarios que fueron traídos desde China por las empresas Insumos Médicos SA y Eurotec SA, propiedad de los hermanos Ferreira, que ahora tienen los contratos rescindidos con la cartera sanitaria.
Tras el escándalo del mismo y las críticas que se generaron en torno a la compra fallida, se abrieron investigaciones. Incluso, el propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni, presentó formalmente el domingo una denuncia ante la Fiscalía.
Diferentes funcionarios que intervinieron en su momento en el proceso de adjudicación y contratación por la vía de excepción 36/202 hablaron del tema en Monumental 1080 AM este lunes.
Ante las diferentes fechas de firma de contrato que se plantearon, el ex director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Pablo Lezcano, declaró que se concretó el pasado 3 de abril, en coincidencia con lo que manifestó Salud Pública en un comunicado este domingo, que añadió que esa misma fecha salió la adjudicación.
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Sin embargo, el abogado Pedro Adrián Santander, del Comité de Evaluación, que se encargó de la verificación legal del proceso de la adjudicación, responsabilizó a Lezcano de haberlo coaccionado para cerrar el proceso. El mismo señaló que se firmó el 7 de abril el contrato y que ese día también se pagó el anticipo a las proveedoras.
“Estoy seguro de que el doctor Lezcano me trajo el expediente el 6 (de abril) entre las 6.30 y 7.00 de la tarde, y nosotros suscribimos el 7 (del mismo mes). Eso ya estaba todo procesado”, afirmó. Hasta citó que ya estaba autorizado por la máxima autoridad sanitaria, Julio Mazzoleni.
El funcionario reveló un día antes en el programa La Lupa de Telefuturo que a su mesa ya llegó un dictamen favorable para la adquisición de estos productos, con un contrato firmado y la autorización del pago anticipado, pese a que para ello debía ser primeramente evaluado por los asesores jurídicos.
Decisión del Comité de Evaluación
El ex director general de Administración y Finanzas del Ministerio de salud, Alcides Velázquez, aportó en este sentido que el Comité de Evaluación es la instancia que se encarga de estudiar las ofertas de las empresas y recomienda la adjudicación, y está integrado por dos abogados, dos ingenieros biomédicos, una farmacéutica y un médico.
Refirió que el dictamen de este cuerpo de evaluación es fundamental para determinar si se adjudica o no, y que todo se cumplió en un tiempo acortado, “no en tiempos normales”. Si bien se hizo un llamado a concurso de urgencia por la vía de la excepción, eso no implicó que se hayan obviado procedimientos, aseguró.
“Quién tiene la culpa, no sabría responder. Pero desde mi punto de vista hay responsables internos y externos. Creo que más bien corresponde a las autoridades superiores (la compra fallida). En este momento hay una incertidumbre tal que los funcionarios (de Salud) de un sector se nos mira ahora con cara de culpa”, dijo.
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En otro momento mencionó que pudo haber “presiones de afuera” en el proceso, pero sugirió al respecto que se traslade la consulta al ministro de Salud. Expuso que es él quien debe tomar la decisión de adjudicar o no a las empresas que hacen sus ofertas y que “la recomendación del comité no es imperativo”.
No obstante, el representante de la empresa Imedic SA, Andrés Casati, había afirmado en una oportunidad que Insumos Médicos SA y Eurotec SA comenzaron a realizar los pagos de fletes el 4 de abril, que alcanzó alrededor de USD 4 millones.
El mismo señaló que el 7 de abril se realizó el pago del anticipo de la adjudicación.
No se puede firmar contrato antes de evaluación
El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, expuso que los pasos del proceso estándar de licitación son la presupuestación, construcción de pliegos de bases y condiciones, publicación del llamado, la etapa de aclaración, la disposición de ofertas, la apertura de ofertas, la evaluación de ofertas, la adjudicación a una, la firma de contrato y ejecución del mismo.
Mantuvo que en ningún caso se puede suscribir un contrato antes que el dictamen del Comité de Evaluación esté listo. “No podría pasar eso. No sigue la secuencia básica del proceso de evaluación. Eso sería altamente irregular”, esgrimió.
A su criterio, la burocracia lo que busca en cada paso es que haya una constancia de la trazabilidad de los procesos. Agregó que desde la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas también se están evaluando las informaciones que están circulando a nivel jurídico y mediático.