Según publicó ÚH días pasados en su edición impresa, el Ministerio de Hacienda liberó un nuevo sobresueldo a su plantel a apenas dos meses de las elecciones generales para presidente, cargos legislativos y cargos departamentales.
La información indica que la institución que maneja el Tesoro Nacional abonó a sus funcionarios G. 2.550.307 por cada hijo, desde el jardín y hasta el tercer año de la media, bajo el concepto de ayuda escolar.
Esto le habría costado al Estado, en una primera etapa, unos G. 5.000 millones, de acuerdo con los datos preliminares.
Lo cierto y lo concreto es, que una vez más, la cartera que lidera el Equipo Económico Nacional cayó en lo que la Real Academia Española define como un “conjunto de proposiciones que al oponerse recíprocamente se invalidan”.
En medio de mucha incertidumbre económica que empuja a la prudencia fiscal, a lo que suman los enormes recortes en la inversión pública por el plan de convergencia del déficit y la feroz deuda con las constructoras, solo por citar algunos, el Fisco premió a sus funcionarios en total discordancia con sus discursos de austeridad hechos ante el Parlamento durante el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 y durante el análisis de leyes que harán crecer el gasto salarial estatal.
Pero además de lo económico, esta decisión plantea un profundo dilema ético y de principios que rigen la función pública. Es que, como todos sabemos, al pagar sobresueldos o incrementos salariales generalizados, la meritocracia queda en el olvido. Por el contrario, lo único que se premia es la mediocridad.
Esta situación deriva en un aumento, al mismo tiempo, de las diferencias o desigualdades entre los funcionarios del Estado. Mientras un funcionario que quizá cuenta solamente con estudios básicos terminados puede llegar a cobrar G. 7,5 millones de ayuda por contar con tres hijos en edad escolar; por el otro lado, alguien con estudios universitarios y posgrados terminados, pero sin hijos, se queda sin ese premio. ¿Es justo?
Ni hablar de las desigualdades que existen entre los funcionarios públicos y los empleados del sector privado. Las estadísticas del Ministerio del Trabajo indican que, al cierre del 2021, más de 500.000 trabajadores del sector privado ganan menos del mínimo. Mucho menos tienen ese tipo de beneficios.
Si se considera que ese rango de personas, al hacer cualquier tipo de compra en el supermercado, paga solamente IVA, se concluye que además de la desigualdad imperante, terminan sosteniendo al Estado. El IVA representa alrededor del 50% de todo lo que recauda el Estado, mientras que alrededor del 70% de todo lo recaudado se destina a salarios y beneficios.
Pero ojo, esto es apenas el principio. Con esta decisión, el Ministerio de Hacienda abre las puertas a que otras entidades imiten su ejemplo, como ya se dio en años anteriores. Además, según el decreto reglamentario del PGN 2023, el Ejecutivo autorizó el pago de otros cuatro tipos de beneficios: Ayuda alimentaria, subvención por nacimiento, subvención por defunción y gastos médicos extraordinarios. Así, es muy probable que en los próximos meses escuchemos noticias sobre la liberación de nuevos sobresueldos.
Urge que los candidatos a ocupar la presidencia, los cargos legislativos y departamentales, tomen nota de esta situación.
En medio de un malhumor social cada vez más grande, estas divergencias, los resabios de la pandemia y la acuciante inflación, pueden convertirse en un cóctel explosivo para la próxima administración.
