Silva, actual secretario ejecutivo del comité de la EBY, es sindicado como uno de los partícipes de las compras de insumos para la lucha contra el Covid-19.
Benítez dijo que su nombre está exceptuado de la orden judicial, porque el amparo que permitió la publicidad de los documentos excluye a los funcionarios del Poder Judicial. Silva fue síndico de quiebras y es parte de Yacyretá desde 2018. “Por eso es que a él no le abarca la orden judicial (...). No puedo publicar”, señaló Benítez.
Sin embargo, en el fallo no se habla de exclusiones.
Benítez indicó que si de él dependiera publicaría todas las declaraciones juradas, refiriéndose a los documentos posteriores a 2017, que no están contemplados en el fallo judicial que posibilitó acceder a la información entre los años 1998 y 2017.
Explicó que la ley actual de declaraciones juradas establece que solamente se puede entregar esta información cuando haya una sentencia judicial. “Si nosotros publicamos lo que nosotros queramos estaríamos infringiendo la ley y eso inclusive puede ser pasible de una sanción para mí”, afirmó Benítez. Agregó que solo están siendo estrictos cumplidores de lo que establece la ley. “Solamente si hay una sentencia judicial se puede publicar (la declaración jurada)”, insistió.
Detalló que el fallo que existe hasta ahora abarca un número enorme de funcionarios, por eso parece que ya es público todo, pero la realidad no es así. Reiteró que las publicaciones dependen de una acción judicial.