Esto se da luego de que el propio ministro de la Corte, Víctor Ríos, haya informado que la Sala Constitucional no dictó ninguna medida cautelar que prohíba a la CGR auditar específicamente a Itaipú.
IMPEDIMENTOS. En el comunicado, la Contraloría alega una serie de medidas judiciales y apelaciones pendientes que imposibilitarían al organismo a poder auditar a Itaipú.
La primera medida judicial, a la que hace alusión la CGR, guarda relación con una solicitud al Juzgado en lo Civil y Comercial del Sexto Turno para que intime a la entidad binacional. Según la Contraloría, el expediente fue elevado a la Sala Constitucional de la Corte, pero hasta ahora no se habría pronunciado.
Además, se menciona que Itaipú promovió una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 6763/21, que tampoco ha sido resuelta por la máxima instancia judicial.
El tercer impedimento, que se cita, es una apelación con efecto suspensivo promovida por Itaipú para evitar entregar documentos a la Contraloría tras la promulgación de la Ley 6764/21. Esto aún está pendiente de definición en la Sexta Sala del Tribunal de Apelación, según el citado informe.
Lo llamativo de estos supuestos obstáculos es que la Sala Constitucional de la Corte informó que no ha dictado nada que prohíba a la Contraloría poder realizar una auditoría. No obstante, el organismo sigue escudándose en la Corte para justificar una presunta imposibilidad para auditar a dicha entidad binacional.
Sobre estos cuestionamientos, Camilo Benítez, respondió que la binacional se rige por un tratado internacional, por lo que no proveerán las documentaciones por más que inicien un centenar de auditorías.
“La Contraloría no tiene fuerza coercitiva. No podemos denunciar a ningún funcionario que nos niegue la provisión de documentos, ya que también existe la denuncia falsa. Sí, el Poder Judicial no nos da la fuerza, no podremos entrar”, mencionó finalmente.
CUESTIONADAS COMPRAS. La Itaipú Binacional fue blanco de cuestionamientos por un presunto negociado en la compra de 330.000 juegos de muebles escolares por alrededor de USD 32 millones.
Según documentaciones, existen una serie de irregularidades como la importación anticipada de los materiales metálicos por parte del proveedor posteriormente adjudicado Kamamya SA.
La Fiscalía había designado a los fiscales Natalia Cacavelos, Luz Guerrero y Luis Piñánez para investigar las denuncias realizadas tanto por el ex diputado Jorge Brítez, como también por parlamentarios de la oposición, por supuestas irregularidades en la compra de pupitres chinos.
Intimación. La Contraloría realizó una solicitud al Juzgado en lo Civil y Comercial del Sexto Turno para que intime a la Entidad Binacional. Según la Contraloría, el expediente fue elevado a la Sala Constitucional de la Corte que hasta ahora no se ha pronunciado.
Acción de inconstitucionalidad. Según la CGR, la Itaipú promovió una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 6763/21 que hasta el momento no ha sido resuelta por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Nueva ley. Tras la promulgación de la Ley 6763/21, que ordena explícitamente la auditoría de los gastos sociales de ambas binacionales, la CGR volvió a insistir, repitiendo el procedimiento judicial. Esta vez, el mismo Juzgado sí otorgó la medida cautelar, intimando a Itaipú a entregar los documentos. Sin embargo, la entidad apeló la resolución y esa apelación con efecto suspensivo aún está pendiente de definición en la Sexta Sala del Tribunal de Apelación, según informaron en la CGR.
Restricción sobre auditoría solo regiría para Yacyretá
De acuerdo a documentaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no existiría ninguna medida cautelar que imposibilite a la Contraloría auditar a la Itaipú, pero sí para Yacyretá.
CONTRALORÍA. De acuerdo al informe remitido por la Contraloría, la situación jurídica de Yacyretá presenta similitudes a la de Itaipú, ya que la Entidad también promovió una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 6763/21, logrando que la Sala Constitucional dictara el auto interlocutorio 40 en febrero de 2022, suspendiendo los efectos de los artículos clave de dicha ley.
Esto impediría llevar a cabo cualquier auditoría en tanto no se resuelva de fondo la cuestión constitucional.
“Con base en este contexto, la CGR considera que iniciar nuevas auditorías sería jurídica y pragmáticamente inconducente, dado que las posturas legales y judiciales de las binacionales son claras y firmes: Rechazan la aplicación de la Ley 6763/21 por considerarla inconstitucional, y niegan el acceso a la información necesaria para el trabajo de auditoría”, se alega desde la CGR.
“Persistir en nuevos intentos, mientras aún están pendientes definiciones clave por parte de la Corte Suprema de Justicia, implicaría una repetición innecesaria de acciones, el uso innecesario de recursos estatales y podría incluso debilitar la institucionalidad del sistema de control público”, indica parte del informe.
El organismo señala finalmente que la mejor vía para destrabar este conflicto es un pronunciamiento definitivo por parte del máximo Tribunal, que clarifique el alcance constitucional del rol de la CGR en el control de los gastos sociales binacionales y defina con certeza el camino que debe seguir la República en materia de fiscalización de los fondos públicos de estas entidades.
Mientras tanto, la binacional de Itaipú lleva adelante seis licitaciones por un total de USD 11 millones sin ningún tipo de control por alguna institución del Estado. Entre estos llamados se encuentra la construcción de sistemas de aguas potables y la adquisición de teléfonos corporativos, entre otros.
