Las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá rechazaron que la Contraloría General de la República realice una auditoría financiera a los fondos destinados para los gastos sociales de los años 2019 y 2020.
Al respecto, el titular del entre contralor, Camilo Benítez, dejó en claro que agotarán todas las instancias para poder realizar la auditoría a las binacionales. Adelantó que el lunes o martes presentarán las acciones judiciales correspondientes.
“La única alternativa que vemos es peticionar al órgano jurisdiccional una orden judicial, en este caso sería para exigir que nos den información que se había solicitado a ambas binacionales. Vamos a agotar todas las instancias”, expresó en contacto con radio Monumental 1080 AM.
Asimismo, consideró que ante la crisis sanitaria que atraviesa el país a causa de la pandemia “sería conveniente transparentar cuánto dinero se gastó y cuánto dinero queda todavía”.
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La Cámara de Senadores pidió a la Contraloría auditar a las binacionales, pero ambas instituciones no están accediendo y escudándose en la binacionalidad de las entidades.
“Nosotros solo queremos ver cuánto se transfirió y se gastó. Esto tiene como precedente la ley sancionada por el Congreso, que obliga a las binacionales a destinar fondos para Salud”, agregó.
El Senado otorgó un plazo de 60 días a la Contraloría para que efectúe la auditoría financiera sobre los gastos de los fondos socioambientales, los cuales fueron recientemente destinados por el Congreso para Salud.
La situación fue muy resistida por el partido gobernante y el Ejecutivo. Al respecto, el contralor aseveró que “no se va a sentir presionado políticamente”.
Para comenzar con la auditoría, la CGR requiere de una serie de documentaciones, como la copia del presupuesto anual aprobado, destinado a la ejecución de los recursos a ser aplicados a gastos sociales del periodo 2019 al 2020, así también la copia de la norma que autoriza cada una de las transferencias de recursos sociales si hubiere, entre otros.
Sin embargo, Itaipú solicitó un aplazamiento de entrega de los informes a la espera de que el directorio autorice la provisión de los documentos. Mientras que en el caso de Yacyretá, esta no estaría dispuesta a entregar los reportes financieros.