La Contraloría General de la República emitió el dictamen elaborado por la Dirección General de Control de Contrataciones Públicas del Estado (DGCCPE) en el que se encuentran irregularidades en la contratación de varias adquisiciones realizadas por la Municipalidad de Asunción durante la pandemia del Covid-19.
El dictamen técnico es con respecto a ocho adquisiciones, entre ellas, artículos de seguridad sanitaria, cuatro llamados para adquisición de alimentos para comedores de los bañados, dos llamados para compra de artículos de limpieza para desinfección y la contratación de adquisición de lavamanos portátiles.
En total, el monto adjudicado es por valor de G. 6.944.903.320 correspondientes a contrataciones efectuadas en el 2020, durante la administración de Rodríguez, quien fue reelecto para el cargo.
Según la revisión realizada a los procesos de contratación ejecutados por la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos y Desastre (DGCCPE), de la Comuna capitalina, se verificó que estos procesos no fueron publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ( DNCP), vulnerando así el principio de transparencia y publicidad.
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Igualmente, no fueron publicados en la página web de la Municipalidad.
Asimismo, se constató que la planificación de los procesos de contratación, efectuados durante la pandemia del Covid-19, no se encontraban adecuadamente sustentados con documentos probatorios que fundamenten la necesidad de adquisición, como el tipo de artículo a ser adquirido, elaboración de precio referencial , beneficiarios, el destino de los bienes o el plan de distribución, entre otros.
La Contraloría especifica que en cuanto a la compra del detergente Alka dds, de origen francés, la necesidad de adquisición no fue fundamentada. El documento de la compra realizada fue por recomendación de un médico asesor de la Dirección de Gestión, pero que no se encuentra respaldada por documentos.
En otro punto, se cuestiona que los pliegos de bases y condiciones utilizadas en los procesos de contratación directa por la emergencia del coronavirus, no se adecuaron a los lineamientos emitidos en el 2020 por parte de Contrataciones Públicas.
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Los pliegos carecen de requisitos y condiciones relevantes para una contratación como ser: capacidad financiera, experiencia, criterios de desempate entre otros.
Se encontró que en los pliegos de adquisición de artículos de limpieza y seguridad sanitaria no fue requerida la presentación de autorización del fabricante o distribuidor para la provisión de los productos e insumos. De esta manera, el Comité no pudo evaluar la legalidad de las marcas y procedencias.
Llamados se hicieron a las mismas firmas
De acuerdo con las conclusiones del ente contralor, la Municipalidad invitó a participar de los llamados a las mismas firmas DFR SA, Cova de Juan Rodríguez y Bastian Comercial de Maria Cano Torres, resultando todas ellas adjudicadas por abastecimiento simultáneo en diferentes porcentajes y contratos, es decir, se favoreció a este grupo de empresas en forma sistemática.
Además, se detectó varias inconsistencias e irregularidades en el cumplimiento de la capacidad legal de las empresas adjudicadas que viciaron los procesos de compras.
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Entre ellas se mencionó la similitud de apellidos de socios o representantes legales de diferentes empresas adjudicadas. Así como también se corroboró que la actividad comercial de una empresa (Ramírez Comercial SA) no coincide con la actividad adjudicada en la contratación.
También se indica que no se pudo localizar la dirección comercial y fiscal de la firma DFR SA, cuyo representante legal es el señor David Fernández Rachid, que según los documentos presentados tiene tres direcciones.
Otras irregularidades detectadas
La Dirección de Gestión tampoco elaboró acta de recepción de los bienes recibidos en el marco del cumplimiento del contrato. Las facturas de la firmas tampoco consignan la marca de los bienes, con ello no se pudo corroborar si los productos contratados según la marca y procedencia correspondían con los recibidos.
De acuerdo a las verificaciones in situ realizas en el depósito de la Municipalidad y en el Dispensario Médico del Mercado de Abasto se pudo detectar bienes e insumos médicos de marcas diferentes a las contratadas. Por otro lado la cantidad de productos remitidos al dispensario del Abasto no coincidían con las recibidas por ese dispensario.
La Contraloría informó que ante el hallazgo de estas irregularidades remitirá el informe a la DNCP y a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía.
Este documento se sumará a la denuncia presentada por legisladores opositores contra Rodríguez, las cuales salieron a la luz mediante un amparo judicial que ordenó la publicación de los gastos covid realizados el año pasado, pero que hasta ahora se presentó parcialmente y cuya investigación penal sigue parada .
