La adquisición de insumos y camas en el marco de la lucha contra el Covid-19 (ID 382.317), que llevó adelante el Ministerio de Salud Pública, estuvo viciada de irregularidades en todas sus etapas. Esta es la conclusión central a la que llegó la Contraloría General de la República (CGR), que se observa en el informe final de Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a la compra de la cartera sanitaria, blanco de numerosas críticas relacionadas principalmente con las proveedoras Imedic SA y Eurotec SA, vinculadas al conocido como clan Ferreira.
El documento narra cada inconsistencia observada y fortalece la hipótesis de que el Ministerio de Salud favoreció a las empresas adjudicadas, las cuales pudieron haber sido descalificadas e incumplieron con las condiciones fijadas en más de una oportunidad. Igualmente, se recomienda a la convocante “adoptar las medidas correctivas” conforme al artículo 76 de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, que habla de que los funcionarios y empleados públicos “serán sancionados en los términos que dispone la Ley de la Función Pública” en caso de infringir lo que dice la normativa.
URGENCIA QUE NO FUE TAL
Salud Pública encaró un proceso de contratación por excepción en el marco de la “urgencia impostergable” relacionada con la pandemia. En ese sentido, la Contraloría concluye que esta condición se desvirtuó desde el momento en que se decidió otorgar un anticipo a las adjudicadas, lo cual sugiere “que no se tendrá la provisión inmediata de los productos a ser adquiridos”.
El informe también hace énfasis, entre otros puntos, en que para Salud los plazos para entregar las mercaderías estaban relacionados con las órdenes de compra y no así al contrato en sí (firmado el 3 de abril pasado), lo cual también iba en contra de la urgencia. “Tales órdenes de compra fueron entregadas a las firmas adjudicadas aproximadamente 10 días luego de la firma de los contratos, beneficiando a las contratadas”, asegura.
Faltas “perdonadas”
Otro aspecto llamativo que tiene que ver con el sistema de adjudicación es que en principio fue establecido por lote, lo cual se cambió después. “El criterio de evaluación permitió ofertar el lote en forma incompleta en contraposición al sistema de adjudicación establecido, posibilitando, a su vez, que empresas oferentes vinculadas entre sí presenten ofertas en un mismo lote”, refiere. Igualmente, se señala que en la etapa de apertura de ofertas no fue observada en acta la falta de presentación de muestras de los productos ofrecidos (lo cual estaba establecido en forma expresa y determinante), y que en la evaluación de ofertas, tampoco se tomó en cuenta, pese a que era causal de descalificación. Las muestras debían presentarse a más tardar al día siguiente de la apertura de sobres.
Las adjudicadas tampoco fueron descalificadas cuando se constató que no ofertaron todos los ítems de cada lote. En cambio, hubo una modificación de los requisitos para ofertar en una etapa posterior a la presentación de ofertas, lo cual, a su vez, fue, una vez más, en beneficio de las empresas del clan Ferreira y en detrimento de otras posibles proveedoras. Además, se sostiene que tanto Imedic como Eurotec presentaron sus ofertas garantizando que se encontraban en condiciones de entregar los productos con los requerimientos establecidos, lo cual en el momento de ejecución del contrato no ocurrió.
RESPUESTA ANTE INFORME
Por su parte, Salud emitió ayer un comunicado en el cual asegura que ya se inició una investigación preliminar sobre lo sucedido.
85.220 millones de guaraníes es el monto total de la compra de camas e insumos que realizó Salud por la pandemia.
37.268 millones de guaraníes es lo adjudicado a Eurotec, empresa que está vinculada a la otra adjudicada, Imedic.
47.952 millones de guaraníes es el monto que se adjudicó a Imedic, dentro de la misma compra de Salud Pública.