En febrero del año pasado, la Contraloría General de la República (CGR) presentó un informe de avance de la auditoría de la deuda de Itaipú Binacional, confirmando el origen espurio de USD 4.193 millones, del total de USD 18.703 millones que figuran en el balance del año 2008.
El organismo concluye que este monto surge de la aplicación de tarifas ilegítimas, por debajo del costo del servicio de electricidad, en contravención a lo establecido en el Tratado, siendo el Brasil el principal beneficiario. El Anexo C del Tratado establece claramente que el costo del servicio de la electricidad suministrada debía estar compuesto tal como lo establece el Tratado, entre otros factores, por el monto necesario para la amortización y el pago de las cargas financieras de los préstamos tomados por la binacional.
En opinión de la Contraloría, esta determinación de vender la energía por debajo del costo incidió fuertemente en el saldo de la deuda de la entidad desde el comienzo mismo de su entrada en funcionamiento, teniendo en cuenta que el pago de la deuda solo puede ser hecho con los ingresos que provienen de la venta de energía eléctrica.
La Contraloría concluye en su informe que las violaciones al Tratado fueron sistemáticas y de exclusiva responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de aquel entonces, en quienes recaía precisamente la ineludible obligación de dar estricto cumplimiento al Tratado y sus anexos.