Los concejales departamentales presentaron varias veces denuncias en su contra.
La primera, tiene que ver con una diferencia de más de G. 2000 millones, cuyo destino se desconoce. Los ediles detectaron el faltante en el balance del 2019, realizando una fiscalización independiente y dieron aviso a la Contraloría que debe iniciar una investigación.
Lo más llamativo fue que detectaron diferencias significativas en el rubro de combustibles y lubricantes por la suma de G. 1.200 millones.
Lo mismo ocurrió con la adquisición de alimentos para las personas que se encuentran en situación de pobreza por la suma de G. 600 millones. También están investigando la construcción del puente en la zona de Puerto Guaraní.
El año pasado, el gobernador fue cuestionado por el mal estado de los alimentos que entrega la gobernación en concepto de merienda escolar. La hijastra del gobernador, Susan Busto Fretes, era la encargada de fiscalizar dichos alimentos que llegaban en la mal estado, incluso con gusanos.
Asimismo, el gobernador contrató a las mismas empresas que el gobernador de Central, cuyos propietarios están en la mira por formar parte del esquema.
En el caso de la firma José Félix Grau Fernández, que se dedica a la construcción, tiene un contrato abierto que data del año 2021 por G. 12.515 millones hasta marzo de 2022. Grau está imputado dentro del esquema de la gobernación de Central.
Otra firma del mismo rubro de construcciones y que está inmersa dentro del esquema de facturas falsas, es la firma ConstruSur, de Patricia Cantero, esposa del diputado Sergio Rojas y ex colega de Adorno. Adorno destinó G. 1.516.946.400 para obras de empedrado de una comunidad chaqueña.
La firma es una de las empresas señaladas por la SET por declarar facturas falsas.
Adorno tiene fuerte respaldo de Hugo Velázquez y sería candidato a diputado.
