Debido a que respondió a “medias” sobre la millonaria deuda de USD 250 millones a los proveedores farmacéuticos, la Contraloría General de la República (CGR) presentó ayer una “medida de urgencia” contra el Instituto de Previsión Social (IPS) para que entregue “vía judicial” los informes correspondientes requeridos en noviembre del año pasado en el marco de una auditoría financiera.
Las solicitudes al IPS se realizaron entre el 15 y 18 de noviembre del año pasado a raíz de una auditoría de Fiscalización Especial Inmediata (FEI) de la Contraloría. En ese entonces, la previsional debía responder en cinco días hábiles y solo remitió los informes de manera parcial. Sin embargo, solicitaron una prórroga con algunos informes y tampoco cumplieron con la entrega de los documentos faltantes, cuyo pedido se reiteró el 18 de enero pasado, según la Contraloría.
La medida judicial en carácter de urgencia se presentó en el Poder Judicial –a cargo de los abogados Derlis Paredes y Juan Villalba en representación de la Contraloría– ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Turno, a cargo de José Guillermo Trovato.
En la solicitud de la medida judicial se destaca que “es imprescindible contar con los documentos solicitados”.
La Contraloría audita el pasivo al sector farmacéutico, debido a la presión de la previsional para contraer millonarios préstamos para amortizar la deuda. La acumulación de la deuda está bajo la lupa del ente contralor.
INTERPELACIÓN AL IPS. A tres meses del pedido, la Contraloría –que emplazó al ente hasta el 6 de febrero– finalmente procedió a presentar la acción judicial para exigir a la previsional la entrega de los informes faltantes.
Con la orden judicial, se exigiría al IPS la remisión de los documentos y, en caso de negativa, se derivaría el caso a la Fiscalía para un eventual allanamiento.
El ente contralor solicitó los documentos con relación a la millonaria deuda en el marco de una fiscalización del uso de los préstamos, amparados en la legislación conocida como Ley Samaniego, cuya legitimidad es cuestionada por organizaciones y sindicatos.
DOCUMENTOS. Copia de contratos, órdenes de compras, facturas, recibos y otros documentos que autoriza el compromiso entre el IPS y la empresa proveedora, son algunos de los papeles que se solicitan con relación a la deuda.
Además, nota de remisión, acta de entrega y recepción que certifiquen la entrega de bienes y servicios, copia de las cuentas que registran los saldos a pagar a los proveedores al 31 de octubre del 2022.
También, piden la nómina de proveedores que ya recibieron el pago con los fondos de los préstamos. Y, por supuesto, qué criterio implementaron para la selección y porcentaje de pago a cada empresa del total de la deuda.
A estos requerimientos se suma que remitan los informes de la unidad responsable de la selección y sugerencia para los pagos respectivos, y nómina y cargo del funcionario responsable.
El pedido sigue con que incluyan la copia del acta del Consejo de Administración que aprueba la priorización del pago a los proveedores y los criterios aplicados, junto con el libro de asistencia a las sesiones. Solicita, además, detalle del número del cheque, banco de orden de pago recibo, factura, concepto, fecha de factura y fecha de pago.
AMORTIZACIÓN. Con el préstamo de G. 350.000 millones a sola firma, el IPS desembolsó en diciembre del año pasado, estimativamente G. 200.000 millones a las farmacéuticas para amortizar la deuda.
La meta era alcanzar G. 550.000 millones de pago a las farmacéuticas para febrero de este año. El IPS desembolsa por los servicios tercerizados, como hemodiálisis, internaciones, farmacéuticas y otros.
La legislación –conocida como Ley Samaniego– tiene intereses entre 9% y 12,5% mensuales de los bancos Interfisa, GNB y Continental.
Asociación: “Deuda es fraudulenta”
¿Dónde se origina está deuda?, es la pregunta desde la Asociación Nacional de Asegurados del Instituto de Previsión social (IPS). Para Eduardo Aguayo, presidente de la asociación, la deuda del IPS con las farmacéuticas es “fraudulenta” y “sobrefacturada”. La organización -conformada exige constantemente transparencia al IPS. “La resistencia de presentar los informes a la Contraloría es justamente debido a las irregularidades. Nosotros decimos que los créditos existen, pero no en la dimensión en que se adeuda. Consideramos que la ley Samaniego es ilegítima”.
