El ingeniero Derlis Cabrera, director general de Obras de la CGR, indicó que en este momento se está analizando el descargo de la institución. En los próximos días se tiene previsto remitir el borrador del informe final a la Dirección Jurídica y Control Gubernamental para las revisiones pertinentes.
La Gobernación administrada por el cartista Hugo Javier González entregó G. 5.105.600.000 a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional y G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud, sin que la inversión tenga respaldo documental preciso, ya que según los documentos, hay un sinfín de irregularidades y esto ya lo comprobó la Contraloría en un informe.
Cabe recordar que también la Cámara de Diputados hizo un recorrido por las obras, guiados por el ex diputado y abogado de Hugo Javier, Bernardo Villalba, y los opositores calificaron la actividad como el “tour del blaqueo”, ya que el recorrido incluyó obras que se desconoce si se realizaron con los fondos Covid.
Entre las obras que declaró Hugo Javier, se encuentra la ciclovía de Guarambaré con una inversión de G. 958.600.000. También se encuentra la construcción de empedrados en San Antonio. En Areguá, señalaron que concretaron el proyecto de reparación y reposición del parque infantil, la provisión con esparcido de arena lavada y la reparación con pintura de cordones en el local de la iglesia Virgen de la Candelaria. También hicieron la construcción de una estructura de hormigón armado para ejecución de muralla perimetral en el local de bomberos voluntarios de Ypacaraí. También se cita entre las obras la construcción de un canal de desagüe a cielo abierto, reparación de terrazas y otras mejoras. Asimismo, la construcción de empedrados en Luque, mejoramiento de la carpa asfáltica en Fernando de la Mora, la construcción de una canal de desagüe en San Lorenzo, entre otras obras que suman en total 14.
La Contraloría, en su informe publicado recientemente, indica que del contraste entre comprobantes respaldatorios presentados el 12 de mayo en la web de la institución y la rendición de cuentas rectificada presentada el 2 de julio se constató inconsistencias tales como reemplazo de facturas por otras de proveedores distintos, montos y conceptos diferentes. Dicha acotación ya la había hecho la Auditoría General del Poder Ejecutivo.
De esta manera, los auditores recomendaron que los responsables de la Gobernación deberán establecer los mecanismos de control que sean necesarios para garantizar y sustentar las transferencias a las entidades sin fines de lucro con el respaldo de los documentos.
