Un informe realizado por la Contraloría General de la República revela “incongruencias” en la declaración jurada presentada por el ex presidente de la República Mario Abdo Benítez (2018-2023), tras un examen de correspondencia realizado por petición del ex mandatario.
La Contraloría solicitó informes de varias instituciones, entre ellas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que realizó un análisis sobre las empresas Aldia SA y Createc SA, dedicadas a la importación y distribución de asfalto y que tiene a Abdo Benítez como accionista mayoritario.
En el año 2023 el ex presidente solicitó que se realice el examen de correspondencia, por lo que la Dirección General de Control de Declaraciones Juradas y Bienes verificó sus declaraciones de juradas al asumir y al dejar el cargo.
Nota relacionada: Jueza admite imputación contra Mario Abdo y sus ex ministros por supuesta filtración
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLa Contraloría, a partir de esto, solicitó informes a varias instituciones como la DNIT, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Economía y Finanzas, y otros.
En el análisis realizado por la DNIT de las rentabilidades que obtuvieron estas empresas –en un comparativo con otras firmas del mismo rubro–, se determinó que hubo un incremento importante.
El ente señala que en la cuenta de inversiones a largo plazo correspondiente al ejercicio del 2023, año en que dejó la presidencia Mario Abdo, se observa un incremento de G. 39.117.950.000, lo que representa en términos porcentuales un aumento del 2799% con relación al año anterior.
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En el informe también señalan que las citadas empresas resolvieron destinar G. 11.812.578.029, correspondiente al 52% de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019; y G 5.127.056.586, correspondiente al 25% de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2023, a un “fondo especial de inversiones” y no se distribuyeron entre los accionistas, lo que podría consistir en una inconsistencia en términos tributarios.
Los expertos advierten que es necesario establecer la trazabilidad de las operaciones para determinar si el capital utilizado proviene de pagos de los deudores por ventas, disponibilidades bancarias, venta de activos u otras fuentes.
Imputado tras denuncia de Cartes
Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti imputaron a Mario Abdo por supuesta revelación de secretos, inducción a cometer hecho punible y asociación criminal, causas que enfrenta tras la denuncia de Horacio Cartes.
El acta de imputación refiere que, supuestamente, Mario Abdo habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de personas “contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”.
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Para llevar adelante el plan, el ex mandatario supuestamente conformó un equipo de expertos en el ámbito investigativo, presuntamente encabezado por Carlos Arregui, René Fernández y Arnaldo Giuzzio.
De acuerdo a la investigación, los tres habrían fraguado un informe de inteligencia llevado a cabo por funcionarios de Seprelad en el que se vincula a Horacio Cartes y a sus empresas con una red de lavado de dinero y contrabando de cigarrillos.
Los funcionarios de la Secretaría de Estado están bajo la lupa de la Fiscalía por haber proporcionado, supuestamente, el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de prensa, “lo que habría suscitado un gran impacto de connotación pública dada la propagación masiva de dicho documento a través de ciertos medios de comunicación”, se lee en otra parte de la imputación.
