Un equipo de auditores de la Contraloría General de la República (CGR) llegó en la mañana de este lunes e ingresó a la sede de la Fiscalía General del Estado, a fin de iniciar la auditoría a la administración de Sandra Quiñónez al frente de la institución fiscal.
Se trata de un hecho histórico debido a que Quiñónez evitó dicho proceso durante años.
Raquel Sanabria, directora de Auditoría de la Contraloría, explicó a NPY que lo que se solicitará en el control es la ejecución presupuestaria, el balance de los estados financieros y todos los datos contables, a fin de verificar la situación financiera de la Fiscalía.
Señaló que fueron seis los funcionarios de la CGR designados para ello, quienes iniciarán con el chequeo de las documentaciones correspondientes al 2022, tras lo cual pasarán por los años anteriores, hasta llegar al primer año de gestión de Quiñónez. Se prevé que el proceso lleve incluso meses.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppNota relacionada: Emiliano Rolón da vía libre para que Contraloría audite a la Fiscalía
A finales de marzo pasado, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, retiró la acción de inconstitucionalidad presentada por su antecesora ante la Corte Suprema de Justicia para evitar rendir cuentas ante la CGR, con lo que dio vía libre para que la Contraloría audite a la Fiscalía.
“Se cumple en informar que el retiro de la acción de inconstitucionalidad es la intención de esta representación, acorde con el espíritu del orden constitucional vigente”, fue lo que expresó el nuevo fiscal general en esa ocasión.
Rolón sostuvo que la Constitución Nacional establece que la Contraloría General es el único órgano de control, pero esto no se cumplió por años.
Esto, debido a que el Ministerio Público presentaba sus rendiciones al Tribunal de Cuentas de la Corte Suprema de Justicia, basándose en una ley anterior a la Carta Magna de 1992, la Ley 879/1981, del Código de Organización Judicial.
Se trata de una traba que imponen también un centenar de instituciones públicas para evitar ser auditadas por la CGR, por lo que la Cámara de Diputados ya aprobó una modificación de la normativa, limitando las funciones del Tribunal de Cuentas para que ya no tenga la facultad de recibir rendiciones de gastos.
