El pedido, según el ente contralor, obedece al control de la utilización de los recursos públicos establecidos en la Ley de Emergencia Sanitaria. También a las cuestionadas situaciones de compras de insumos que implicaron en los últimos días a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y Petróleos Paraguayos (Petropar).
En ese sentido, la Contraloría solicita a Salud documentaciones como: La resolución de la institución que autoriza la realización de la contratación por excepción, antecedentes comerciales considerados por la firma proveedora, informes referentes al análisis de los precios referenciales y determinación del costo estimado del tipo de productos pretendidos.
Asimismo, el acta de apertura de oferta, informe de evaluación de oferta, contrato formalizado con la firma adjudicada, entre otros.
Según los datos de la CGR, el Ministerio de Salud concretó –desde la aparición del Covid-19 en el país a la fecha– nueve contrataciones por excepción para la compra de insumos, equipamientos y contratación de servicios, por un total de G. 110.123,8 millones (USD 17,2 millones).
En el listado de las contrataciones figuran la adquisición de reactivos e insumos de laboratorio por G. 1.117 millones, servicio de desinfección prolongada para hospitales por G. 12.917,9 millones, adquisición de ventilador pulmonar para contingencia por G. 8.155,8 millones, y la adquisición de insumos y camas por G. 85.220,5 millones, entre otros.
El director general del Gabinete de la Contraloría, José Torales, explicó que con los informes solicitados se tendrá un panorama completo de todas las contrataciones para saber si están justificadas y si los valores están acorde a los del mercado.
Las Cifras
110.123
millones de guaraníes es el monto total de las contrataciones por excepción hechas por el Ministerio de Salud a la fecha.
9
contrataciones por excepción hizo el Ministerio de Salud Pública a la fecha, desde la aparición del Covid-19 en Paraguay.
Dudosas licitaciones favorecen a hermanos
Adjudicaciones realizadas por el Ministerio de Salud están bajo la lupa de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, debido a aspectos que llamaron la atención. Las empresas adjudicadas son de una misma familia (los representantes legales identificados son Marcelo Rubén Ferreira y Patricia Beatriz Ferreira), y estas –según denuncias– acabaron cobrando un anticipo de 20% por la operación, pese a que esto no era parte de las condiciones fijadas con anterioridad. Las adjudicadas, y cuyos directivos son hermanos, fueron Eurotec SA e Insumos Médicos SA.