La Contraloría General de la República (CGR) cobró más de G. 2.000 millones en concepto de multas a funcionarios públicos por incumplimiento en la presentación de sus declaraciones juradas durante los últimos cinco años (2000–2024).
ÚH accedió vía Ley 5282 de Información Pública a una lista parcial de 150 funcionarios que pagaron las multas (existe alrededor de 1.000 en total). Entre ellas aparecen figuras como Antonio Fretes, ex ministro de la Corte durante dos décadas quién dejó el cargo en marzo del 2023, tras varios cuestionamientos. También se encuentran intendentes Óscar Nenecho Rodríguez (Asunción) y Rosa Agustín Guido González Dans (Lambaré).
Figura César Orlando Landy Torres, ex intendente de Santa Rita y actual gobernador de Alto Paraná.
Desde la CGR explicaron que solo disponen de la lista parcial debido a que estos funcionarios son los que presentaron las boletas de pago de las multas, hecho que no ocurrió con los más de 800 que forman parte del total.
MULTAS. Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la CGR, explicó que desde la modificación de la Ley 5033/13 por la Ley 6919/22, la multa se aplica de acuerdo al porcentaje del salario. Estos porcentajes van desde el 20% al 100% del ingreso, dependiendo de los días de atraso, de acuerdo a lo reglamentado por la institución.
“Antes de la modificación de la ley la multa era de 300 jornales para todos. Los sumarios administrativos para la aplicación de las sanciones se iniciaron en el 2020 y hasta la fecha tenemos más de 1.000 sumarios concluidos”, comentó.
Por ejemplo, un funcionario público tiene la obligación de presentar dos declaraciones juradas: una durante su asunción y otra durante su baja de un cargo público. Para el efecto, tiene 15 días hábiles después de la asunción o de la baja (dependiendo del caso) para cumplir con la ley.
En caso de incumplirla, empieza a correr una multa del 20% de su salario por cada 30 días de incumplimiento, llegando al 100% con el correr de los meses.
En caso de que el funcionario pague la multa, pero siga sin presentar sus DDJJ sufrirá la retención de su sueldo hasta que se ponga al día con la exigencia.
“Si sigue siendo funcionario, se le retiene el salario hasta que presente, en todos los casos presentan, pero cuando ya no están en la función pública no hay forma de exigirle”, explicó.
Torres explicó que durante el 2019 no se aplicaron multas, pero fue el año en que iniciaron el proceso. Por lo tanto, el cobro recién se produjo desde el 2020 al 2024.
ANTONIO FRETES. El caso de Antonio Fretes, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es uno de los más particulares. Su última declaración jurada debía presentar en marzo del 2023, cuando se acogió al beneficio de su jubilación en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
No obstante, su última DDJJ fue presentada en el 2022, cuando asumió la Presidencia de la Corte.
El ministro se retiró con cuestionamientos en su contra. Tras dos décadas en la Corte, el magistrado pidió permiso en noviembre del 2022 y se mantuvo en silencio, luego de que se hiciera pública una presunta coima que recibió su hijo Amílcar Fretes, para trabar la extradición a Estados Unidos de Kassem Mohamad Hijazi.
A pesar de la presión mediática y la indignación ciudadana, el magistrado se negó a renunciar y sus colegas a expulsarlo. Así fue como pasó el tiempo hasta que logró su jubilación, cinco meses después.
LISTA. Además de las figuras públicas ya citadas, en la lista aparecen unos 24 funcionarios de binacionales, entre ellos 15 que figuran en Itaipú y otros nueve de la EBY. En cuanto a autoridades locales, aparecen unos 13 funcionarios; entre ellos, algunos siguen en el cargo y otros perdieron en las últimas elecciones.
Además, registra 73 concejales municipales, solo por citar, algunos de los cargos más relevantes observados en la planilla.
Nómina. Además de Fretes, aparecen otras figuras públicas en la lista.
Una de ellas es Rosa Agustín González Dans, conocido como Guido González. En abril del 2024, el intendente fue imputado por intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre en el marco de una investigación de la muerte de dos militares que fueron arrastrados por el raudal hasta el arroyo Lambaré en noviembre del 2023.
En el caso de Nenecho Rodríguez, jefe comunal de Asunción, a mediados de julio, la Contraloría detectó un manejo irregular de unos G. 500.000 millones (USD 64 millones al cambio actual) provenientes de los bonos que fueron emitidos por obras.
Además, de ello, recientemente tras el estudio de correspondencia de bienes por el caso “detergente de oro”, la CGR detectó irregularidades en los bienes de Rodríguez. Se trata de G. 1.830 millones mal manejados por el jefe comunal y otras 10 personas.
Gustavo Giménez, ex intendente de Natalicio Talavera (Guairá), fue imputado en octubre del 2020 por abuso sexual en menores y proxenetismo. Se sospecha que pagó G. 2 millones a la madre de una niña de entonces 14 años para tener relaciones sexuales con ella, según consta en el acta de imputación. Tras tres años se desconoce los avances en este caso. Lo último que se sabe de Giménez es que buscó la reelección en el 2021, pero no quedó electo.
La lista de personas que incumplieron incluye a Lucas Lanzoni, ex intendente de Ñemby, también posee varios cuestionamientos.
La Unidad Especializada de Anticorrupción de la Fiscalía se constituyó, en enero del 2022, en la Municipalidad de Ñemby, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la gestión del ex intendente.
En noviembre del 2021, el actual intendente, Tomás Olmedo, denunció un faltante de G. 7.000 millones y un déficit de más de G. 1.000 millones.
LAS CIFRAS
2 declaraciones juradas deben presentar cada funcionario público por cargo. Uno al asumir y otro al dejar sus funciones.
15 días tiene cada funcionario público para presentar sus declaraciones juradas tanto de asunción como de baja del cargo.
100% del salario es la multa máxima a la que se exponen los funcionarios
públicos que no presenten sus declaraciones.
LAS CIFRAS
24 funcionarios de binacionales aparecen en la lista. Entre ellos 15 forman parte de Itaipú y los nueve restantes
trabajan en la Entidad Binacional Yacyretá.
2 diputados del periodo pasado también pagaron multas por no presentar a tiempo sus DDJJ. Ellos son Sebastián Villarejo (PQ) y Marlene Ocampos (ANR).
G. 418.405.548 fue lo pagado por los 15 funcionarios de Itaipú a la Contraloría. Los nueve funcionarios de la EBY pagaron
juntos la suma de G. 152.405.548.
Destino de los recursos recaudados
Los más de G. 2.000 millones que recaudó la Contraloría General de la República (CGR) en concepto de multas serán destinados para mejoras institucionales. Esto fue anunciado por su director Armindo Torres.
“El dinero cobrado de las multas es destinado para el fortalecimiento de la institución, compra de insumos, equipos informáticos, etc. Así está establecido en la ley. El porcentaje de las multas se calcula de acuerdo a los días de atraso que va desde 20% al 100% conforme está en el reglamento, la no presentación es de 100% del salario”, afirmó el representante de la CGR.
Funcionarios de binacionales en la lista
En la lista de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los funcionarios sumariados aparecen un total de 24 funcionarios pertenecientes a las binacionales.
Entre ellos 15 forman parte de la Itaipú Binacional y los otros nueve forman parte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
Un aspecto llamativo ocurre con el funcionario Aldo. R. Geovanni Quiñónez Martínez, quien en la lista aparece por pagar dos veces la multa. Las dos por la no presentación durante su asunción al cargo. La primera de sus multas fue de G. 25.326.000 y la segunda de G. 29.426.000, totalizando así G. 54.752.000.
Otro aspecto llamativo es que todos los funcionarios de Itaipú que aparecen en la lista pagaron sumas de más de G. 20 millones en concepto de multas.
Entre los 15 funcionarios abonaron en total G. 418.341.300 por no presentar en tiempo y forma sus declaraciones juradas.
Por parte de la EBY, los nueve funcionarios, pagaron multas menores, pero de igual manera importantes. En total, todos estos funcionarios abonaron la suma de G. 152.405.548. Las multas van desde G. 7 millones hasta G. 22 millones.
Elevados patrimonios. Un dato común entre estos funcionarios son sus elevados patrimonios. Salvo excepciones puntuales, la mayoría cuenta con patrimonios millonarios, según sus últimas declaraciones juradas presentadas.
Karem Serafini Augsten, jefa del sector de Telecomunicaciones de la EBY que posee un patrimonio de G. 8.531.300.000, según sus declaraciones juradas presentadas en el año 2022.
Luego aparece Marcos Morínigo Esquivel, jefe de la Dirección de Coordinación Ejecutiva de Itaipú con un patrimonio de G. 3.711.078.182, según sus declaraciones del año 2023.
En tercer lugar, se encuentra Raúl Garcete Mantilla, gerente de Departamento de la Dirección Técnica de Itaipú con un patrimonio de G. 3.478.300.000, según sus declaraciones juradas del 2021.
En cuarto lugar, aparece Carlos Huespe Aveiro, administrativo del Departamento Financiero de la EBY con un patrimonio de G. 3.379.863.540, según sus declaraciones juradas de año 2023.
La lista continúa con Derlis Gauto Santacruz, gestor de convenios y contratos de la Dirección Administrativa de la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Itaipú Binacional con un patrimonio de G. 3.268.071.264, según sus declaraciones juradas del 2023.
En sexto lugar, se encuentra Édgar Faustino Azucas Pereira, asesor de responsabilidad social de la Itaipú, con un patrimonio de G. 3.085.071.264, según sus DDJJ presentadas en el 2022.
Todos estos datos están disponibles en la sección Declaraciones Juradas de funcionarios públicos de la web de la CGR.
Dos diputados. En la lista aparecen dos diputados del periodo pasado. Ellos son Juan Sebastián Villarejo, ex diputado por el partido Patria Querida quién pagó una multa de G. 5.921.368 por no presentar sus DDJJ al dejar el cargo en agosto del 2023.
Marlene Ocampos, ex diputada por la ANR y ex titular del Indi, quien pagó G. 5.921.000 en concepto de multa.
Concejales municipales, entre los que menos cumplen ley
La lista de funcionarios que pagaron multas por no presentar sus declaraciones juradas en tiempo y forma la conforman principalmente concejales municipales de lo largo y ancho del país.
En total aparecen 72 concejales departamentales de los entre los 150 funcionarios que integran la lista.
Por ejemplo, aparecen nueve concejales del distrito de Nueva Londres, de Caaguazú. Le sigue la localidad de Corpus Christie, de Canindeyú, con ocho concejales. La localidad Dr. Raúl Peña, de Alto Paraná, y Eugenio A. Garay, del Guairá, tienen cinco concejales cada uno.
Con tres concejales aparecen los distritos de Ñumí, en Guairá; Itapé, también del Guairá, y el distrito de Maciel, en Caazapá.
Con dos concejales aparecen cinco distritos; Iruña, de Alto Paraná; San Lázaro, de Concepción; Tobatí, de Cordillera; 25 de Diciembre (San Pedro) y José Fassardi (Guairá).
Finalmente también integran la lista un concejal de cada uno de los siguientes 23 distritos; Guarambaré (Central), Caapiibary (San Pedro), Itá Poty (Itapúa), Mbaracayú (Alto Paraná), Los Cedrales (Alto Paraná), Itá (Central), Katueté (Canindeyú), Iruña (Alto Paraná), Itapé (Guairá), Maracaná (Canindeyú), Nueva Esperanza (Canindeyú), Puerto Adela (Canindeyú), Acahay (Paraguarí), Carlos Antonio López (Itapúa), Capitán Miranda (Itapúa), Pirapo (Itapúa), Mauricio José Troche (Guairá), Borja (Guairá), Antequera (San Pedro), Villarrica (Guairá), Katueté (Canindeyú), Villa Elisa (Central) y Pirayú (Paraguarí).
Finalmente aparecen también funcionarios del Gobierno como del Ministerio del Interior, Trabajo, Obras Públicas y del MAG.
