La Contraloría General de la República (CGR) recurrió ayer a la Justicia para poder auditar las finanzas del 2020 de la Itaipú Binacional (IB), habida cuenta de que las autoridades de la hidroeléctrica se niegan a proveer información al ente de control. Los pedidos de la CGR hacen referencia a los estados contables y financieros, además de la información referente a la utilización de los fondos sociales de la IB, entre otros requerimientos.
El subcontralor Augusto Paiva detalló que la Contraloría se apoya en la reciente Ley Nº 6763, que en su artículo 3 establece que una vez vencido el plazo para que las entidades remitan la documentación requerida para la auditoría se puede solicitar la correspondiente intervención judicial, “pudiendo incluso tramitar órdenes de allanamiento de domicilios, locales, depósitos u otros recintos, con auxilio de la fuerza pública con el objetivo de acceder a todos los registros y documentos” para cumplir con su cometido.
“Presentamos esta medida ante la justicia, en este caso al Juzgado del doctor Édgar Rivas, para obtener información clara y precisa de lo que habíamos requerido a la Itaipú Binacional en sendos pedidos realizados por el equipo auditor, encabezado por la licenciada Irene Cuevas, quien ha solicitado informes sobre el estado financiero de Itaipú, sobre la situación contable de la entidad”, contó Paiva.
Reiteró que Itaipú no contestó ninguno de los requerimientos, mientras que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) sí lo hizo. “Yacyretá fue notificada y respondió en tiempo y forma, y acercó la documentación, a lo mejor no completa, pero se allanó al requerimiento de la Contraloría”, agregó el subcontralor.
Paiva insistió que la Contraloría agotó las instancias para acceder a la información de Itaipú, pero al no encontrar eco se apela al juez competente para poder auditar la entidad. “Existen plazos legales que la Justicia deberá cumplir, para poder realizar las auditorías establecidas en la ley”, remarcó. El directivo de la CGR también señaló que solamente buscan cumplir las normas, y siguen aguardando la información de Itaipú.
La ley. El presidente Mario Abdo Benítez promulgó en julio la ley que establece la auditoría de las cuentas de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. Esta legislación determina la vigilancia y la fiscalización de todos los bienes, patrimonio y las cuentas de ambas hidroeléctricas. La reciente ley prevé dos auditorías: una debe ser financiera y otra de obras, y deben realizarse en forma anual.
ANDE recibirá USD 203 millones en plazo de 5 años
En su semanal encuentro con la prensa, las autoridades de Itaipú informaron ayer sobre los convenios que tiene con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con el objetivo de fortalecer el sistema eléctrico paraguayo. En ese sentido, detallaron que entre 2021 y 2025 la institución recibirá USD 203 millones de la binacional. En el 2021 el desembolso es de USD 20 millones y está en ejecución. Luego, en el 2022, serán USD 40 millones. En el 2023 se trasladarán USD 50 millones; mismo monto que en el 2024; para cerrar los desembolsos con USD 43 millones en 2025. Félix Sosa, titular de la ANDE, argumentó que la tarifa de la institución eléctrica es insuficiente para cubrir las obras, por lo que se recurre a Itaipú y a créditos internacionales.
