Fueron analizadas compras adjudicadas a dos empresas por un monto total de G. 2.498.564.000; Tía Chela SRL (G.1.179.860.000) y El Distribuidor SRL (1.318.704.000). Esta es la segunda auditoría sobre la misma compra realizada por el ente contralor.
También hay una causa abierta en el Ministerio Público a partir de una denuncia presentada por el concejal Celso Kelembu Miranda. Este segundo examen practicado a la Comuna se realizó en noviembre del año pasado, relacionado a compras concretadas en el 2020. El informe final fue publicado el 24 de mayo último.
La Contraloría señala que las órdenes de pago emitidas en concepto de pago final no contaban con notas de remisión, incumpliendo lo establecido en la carta invitación. En su descargo la Comuna señala a los auditores de la CGR que debido al decreto presidencial que dispuso medidas de prevención como cierre de comercio y circulación, afectó a las empresas de imprenta y gráfica, lo que imposibilitó obtener la nota remisión por parte de la empresa, presentando una nota simple, validando la entrega de los productos.
Igualmente, la CGR señala que no encontró suficientes elementos para la invocación de urgencia impostergable como causal para solicitar un procedimiento por la vía de la excepción para los procesos de compra de los kits de alimentos.
Refiere que el procedimiento de contratación fue posterior a la Ley 6524/2020, que declara estado de emergencia en todo el territorio nacional y agrega que, a “opinión de esta auditoría nada imposibilitaba que la adquisición fuera realizada aplicando el procedimiento de una licitación”.
En otro parte del informe, la CGR señala que la Comuna al ser requerida por los cuestionamientos solo se limitó a “remitir documentos y links de accesos a documentos que en ningún momento explican o contestan los requerimientos”. Ante esta situación los auditores señalan que la convocatoria se realizó sin tener en cuenta los principios generales de contrataciones públicas.
CAPACIDAD. Menciona igualmente que la carta de invitación estándar para la contratación del servicio no contaba con los requisitos de evaluación, como capacidad financiera y técnica.
En su descargó, la Comuna señaló que ningún “gobierno estaba preparado para una pandemia y consecuentemente la cuarentena total obligatoria. Por tal motivo, la Municipalidad de Ciudad del Este ha tomado la iniciativa con el fin de paliar el impacto social y económico”.
Afirma que recurrió a la vía de la excepción a fin de “dar celeridad al proceso como así también apertura a participar a varias empresas, motivo por el cual se establecieron criterios fáciles de cumplir, en vista que el objetivo principal era mermar la hambruna causada por este difícil y complicado momento vivido”.
Sin embargo, para la CGR esta situación no “libra al ente municipal del cumplimiento de incluir criterios de evaluación especialmente importantes para garantizar la solvencia de la firma a ser adjudicada”.
INVITACIONES IRREGULARES. La auditoría de la CGR igualmente constató que la Comuna cursó invitaciones a firmas que no tenían relación con el tipo de servicio requerido o tenían antecedentes de sanción.
En el caso de la empresa B.H. Services SRL ubicada en Asunción, dedicada a la venta de textiles, vestuarios y calzados, productos alimenticios y otros, señala que cuenta con antecedentes por sanciones de inhabilitación por la Dirección de Contrataciones Públicas en el 2019.
En el caso de Divitel SA, la Contraloría indica que según el portal de Contrataciones Públicas, está ubicada en Asunción y se halla registrada en la “categoría 5, consultorías, asesorías e investigaciones; estudios y proyectos de inversión”. Lo cual llama la atención debido a que no guarda relación a la venta o distribución de productos.
