Por tres meses se instala un grupo de seis auditores de la Contraloría General de la República para hacer la evaluación de lo que dejó la gestión de la ex fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, quien salió del Ministerio Público el pasado 9 de marzo, luego de cinco años bastante criticados.
Raquel Sanabria, directora de Auditoría de la entidad contralora, anunció que tienen vía libre para revisar las documentaciones, luego de que el actual titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, haya levantado la acción de inconstitucionalidad que trababa la realización de una auditoría.
“El 8 de febrero fue comunicada la realización de una auditoría de fiscalización de cumplimiento y financiera a la anterior fiscala general, pero posteriormente nos comunicaron que mandaron todas las documentaciones al Tribunal de Cuentas y con la asunción del nuevo fiscal es que se abrieron nuevamente las puertas de la Fiscalía”, informó la auditora.
Mencionó que se presentaron ayer en la sede de la Fiscalía General para ver si podían tener acceso a las documentaciones requeridas.
“Comenzamos con el ejercicio 2022, en principio, y luego iremos bajando (hasta el 2018). Y si hoy (ayer) no nos dan los documentos, tenemos por lo menos tres meses para sacar el informe y vamos a ver si es que lograron rescatar las documentaciones”, sostuvo Sanabria.
“Se hará un análisis contable, mirar los balances, que sería la parte financiera, es decir, toda la parte de cuentas contables. Luego se va a ver la ejecución presupuestaria, lo que sería el cumplimiento, ya la parte de gestión”, subrayó.
Los auditores llegaron ayer para conocer el lugar, verificar lo que necesitan y cuál es la disposición establecida por el fiscal Rolón Fernández.
Sanabria dijo que de principio no puede hablar de qué es lo que podrían encontrar, ya que todavía no tienen la documentación a la vista y que, en su momento, cuando encuentren algún indicio será informado al Ministerio Público.
ACCIÓN. El 28 de marzo pasado, el nuevo titular del Ministerio Público se presentó personalmente ante la Secretaría de la Sala Constitucional, para llevar un escrito de desistimiento de la demanda planteada por Quiñónez.
Fue una promesa que hizo Rolón días antes y lo cumplió. Fue allí, que luego de años, finalmente, la Fiscalía abrió las puertas a la Contraloría.
Esa acción de inconstitucionalidad fue planteada por la ex fiscala general en el 2019 y la Corte, en febrero de ese año, dispuso la suspensión de la Ley 2248/03, que modifica el artículo 30 del Código de Organización Judicial.
Rolón había referido que la gestión de su antecesora debe estar bajo lupa, haciendo un especial enfoque a lo que fue el uso y abuso del presupuesto. “El Ministerio Público necesita atravesar una verdadera transformación”, dijo.
Según Rolón, la Constitución Nacional establece que la Contraloría es el único órgano de control; sin embargo, no solo Quiñónez, sino que otras instituciones presentaron sus rendiciones al Tribunal de Cuentas, basándose en una ley anterior a la Carta Magna, es decir, la Ley 879/1981, Código de Organización Judicial.
MOVIMIENTOS. El fiscal general lleva un mes al frente de la institución y ya hizo bastantes movimientos.
Comenzó por dejar sin efecto los nombramientos y los nuevos contratos que decidió firmar Quiñónez a las apuradas antes de salir, asignando cargos a más de 400 personas. Emiliano Rolón consideró esto como “clavos miguelitos” que le dejó la ex titular.
También comprobó que los fiscales adjuntos que representaban a varias circunscripciones del país, entre ellos los del interior, en realidad hacían oficina en Asunción, y decidió reorganizar funciones. Se encargó de las causas emblemáticas que llevaban años dormidas, y las reasignó, como las denuncias contra Cartes, el caso Messer y otros.
