La Contraloría General de la República (CGP) se niega a dar a conocer declaraciones juradas de bienes (DDJJ) presentadas por las máximas autoridades gubernamentales, como la del presidente, vicepresidente, ministros, secretarios con rango de ministros, legisladores, ministros de Corte, gobernadores, intendentes, integrantes de Juntas, directores de Itaipú y Yacyretá, entre otros, entre 1998 y 2017.
No se solicitaron las declaraciones de los funcionarios públicos de carrera.
El pedido fue hecho por el ciudadano Juan Lezcano, apoyado por el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI).
En el pedido se alega que se trata de información personal de carácter patrimonial que consta en fuente pública de información y que (al igual que los salarios) es por lo tanto pública. “Las DDJJ son información de carácter patrimonial (art. 5, Ley 1682/01) que ha sido obtenida por una fuente pública de información y no contienen información sensible, según los artículos 2 y 22 de la Ley 5282 de la Ley de Acceso a la Información (...)”, dice el texto de los solicitantes.
Agrega que Ley 5282/14 es posterior a la ley orgánica de la Contraloría y la reglamentación de las declaraciones. Refieren que una interpretación restrictiva acabó con la Ley 5282/14, por la cual se reglamentó el acceso a toda información que no esté expresamente reservada.
La Contraloría sostiene que solo con orden judicial pueden dar a conocer esa información.
Derecho ciudadano. El texto agrega que la Constitución reconoce en su artículo 28 el derecho de toda persona a acceder a la información pública en los siguientes términos: “Del derecho a informarse”. “Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos (...)”, señala el texto de solicitud.
Respuesta. La Contraloría sostuvo que se aplican las leyes de la institución y estas no facultan a la CGR a entregar a terceros las declaraciones juradas. “Es igual al argumento de que no podían darse a conocer los salarios de los funcionarios porque no había ley que lo permitiera. Sin embargo, la CSJ lo permitió sobre la base de una interpretación de la ley que reglamenta la ley de acceso a la luz de los principios que emanan de considerar al derecho de acceso a la información”, dijo Ezequiel Santagada, del GIAI, recordando lo que sucedió en el 2015 al darse a conocer los salarios públicos.
Agregó que la autorización para hacer pública la información que no esté expresamente reservada la dio la Ley de Acceso.
Juzgado. A raíz de la negativa, los impulsores de la nota recurrieron a la Justicia, donde plantearon que se dé la información mediante un amparo. La Contraloría pidió rechazar el amparo, pero GIAI pide hacer lugar al amparo y acceder a la información. El caso está en manos del juez Rubén Darío Riquelme, quien en primera instancia ya debió decidir la semana pasada.
