Los millonarios contratos firmados por la previsional luego de cuestionados procesos licitatorios son expuestos por el ente contralor y abarcan adquisición de medicamentos oncológicos, servicios de tomografías, y hasta la contratación de servicios de limpieza.
Además, el contralor general, Camilo Benítez, presentó esta semana su informe anual al Congreso, donde figuran otras auditorías, así como los reportes de indicios de hechos punibles, donde el IPS aparece en seis denuncias, con un posible daño patrimonial estimado en USD 232 millones en total.
Estos reportes fueron remitidos al Ministerio Público para su análisis y corresponden a diferentes ejercicios fiscales del año 2020 al 2023.
Medicamentos. La auditoría de cumplimiento abordó tres importantes licitaciones que llevó adelante el IPS; el primero tiene que ver con la adquisición de “Medicamentos Monoclanes Bevacizumab y Rituximab”, del año pasado, cuyo monto total proyectado era de G. 137.887 millones.
La auditoría observó que el informe de evaluación de ofertas contenía datos incorrectos respecto al monto de las ofertas presentadas por las empresas que se presentaron y figuran en el acta de apertura de ofertas.
La recomendación de la CGR es que se realice una investigación interna para des-lindar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios implicados en estos errores.
Servicio de limpieza. La siguiente licitación analizada fue una iniciada en el 2022, que corresponde a la contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del interior del país del IPS, con un monto global estimado en G. 59.505 millones.
En este caso, la CGR señaló que la funcionaria que suscribió el certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP), María Cristina Gómez, no se encuentra en el registro de firmas remitido por el IPS a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Otro punto es que el IPS no demostró que Blanca Mercedes Frutos y Zulma Alicia Giménez, declaradas en el formulario de identificación del personal (FIP) presentado por la empresa Cevima SA, hayan cumplido efectivamente labores en el marco del contrato suscrito.
IPS tampoco designó un responsable de realizar el seguimiento de la ejecución de los contratos, ni mucho menos un informe de seguimiento al respecto.
Tomografías. Por último, la Contraloría analizó dos procesos vinculados a contratación de servicios de tomografía, uno de G. 18.002 millones y otro de G. 180.000 millones.
En el primer caso, IPS y el Consorcio Onco Alianza no cumplieron con el plazo establecido por ley para la firma del contrato, y además, el citado consorcio tenía su patente comercial vencida en el momento de competir en la licitación.
También hubo desprolijidad en firmas de funcionarios no autorizados, contrato abierto no correspondía, incumplimiento del pliego de bases y condiciones (PBC).
En el segundo caso, el IPS no justificó conveniencia, violentó normas para tener precios referenciales, no favoreció la participación, y no comprobó experiencia del consorcio adjudicado, Medipro.
Remedios. Licitación para adquirir medicamentos por G. 137.887 millones con datos erróneos en informe de evaluación de ofertas.
Limpieza. Licitación para servicio de limpieza por G. 59.505 millones con certificado de disponibilidad presupuestaria suscrito por funcionaria no autorizada. Dos empleados no cumplieron funciones e IPS no controló.
Tomografías. Licitación para servicio de tomografías por G. 18.002 millones firmó contrato con Consorcio Onco Alianza, que tenía patente vencida, dos meses después del plazo legal. Otra licitación de G. 180.000 millones no tuvo justificación y no favoreció a la participación.
