Hace unos días, asistimos a la presentación del informe de gestión del presidente Peña en el Congreso Nacional. El evento se enmarca en un deber constitucional del presidente de la República, consagrado en el artículo 238 inc. 8) de la Carta Magna.
En cuanto al diseño constitucional, la democracia representativa obliga a las autoridades públicas a rendir cuentas de su gestión a la ciudadanía y al control entre los poderes. Los controles de tipo vertical (ciudadanos a representantes) y de tipo horizontal (entre poderes) son fundamentales para evitar excesos en el ejercicio del poder de los mandatarios.
En su exposición, el presidente enfatizó en algunos aspectos que invitan a pensar en contrapuntos necesarios de ser considerados para analizar la realidad con sentido crítico.
El presidente habló de ganarse la confianza de todos los paraguayos; sin embargo, desde su gobierno no han mostrado voluntad política para dialogar con todos los sectores, incluir voces disidentes ni promover la más amplia participación ciudadana en el tratamiento de proyectos emblemáticos del gobierno.
Peña destacó, asimismo, la necesidad de contar con cuadros preparados en la función pública, de profesionalizar el servicio civil; sin embargo, la constante de este primer año han sido los casos de nepotismo y partidización de la función pública, todo esto, con el silencio cómplice de su parte.
En otro momento del discurso, agradeció al Congreso el acompañamiento a sus proyectos; no obstante, muchos de los proyectos fueron aprobados sin el consenso social y político más amplio, sin el debate plural necesario en el ámbito legislativo. En este sentido, resaltó la legitimidad de este Congreso, algo que no puede ponerse en duda, desde luego. Sin embargo, sería oportuno que el presidente recuerde que la legitimidad de origen de este Congreso la pueden perder en el ejercicio del mandato, si persisten en acciones violatorias de la Constitución Nacional, o si reducen los canales para la deliberación y el debate político.
El presidente dedicó varios minutos a exponer el “Estado a la deriva” que encontraron, exponiendo al gobierno anterior y sus errores. Sin embargo, en campaña, cuando las urgencias eran otras, todos eran parte de un mismo equipo. De hecho, es el cartismo quien impide el juicio político a Abdo Benítez, apenas iniciado el mandato.
Finalmente, luego de exponer las obras y resultados de este primer año de gestión, el mandatario refirió que “Paraguay está destinado a grandes cosas”, esta es una expresión de deseo sujeta al logro de desafíos no resueltos aún en estos largos años de transición democrática.
La consolidación del Estado de derecho, que pasa indefectiblemente por quitar las garras partidarias de la administración de Justicia, logrando la tan anhelada independencia judicial, la corrupción estructural promovida en gran medida por los partidos políticos y, finalmente, la igualdad de oportunidades para todas y todos, que el acceso a derechos y privilegios no esté determinado por la afiliación partidaria, son condicionantes mínimos, a partir de los cuales, Paraguay podrá pensar realmente en grande.
La constante de este primer año han sido los casos de nepotismo y partidización de la función pública.
