En medio de esta jugada magistral, la Corte Suprema de Justicia lanzó sus propias cartas y ordenó que la Contraloría General de la República pusiera a disposición de la ciudadanía la declaración de bienes y rentas presentadas por funcionarios públicos entre 1998 y 2017.
Es uno de los avances más impactantes desde la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública en el 2014, herramienta que algunas instituciones todavía intentan burlar con un formato nada amigable, mientras que otros entes simplemente no publican los datos de remuneraciones y beneficios de sus funcionarios.
Algunos hallazgos. La variedad de números da lugar a los ciudadanos y medios de comunicación a realizar cálculos e interpretaciones respecto al enriquecimiento en los altos cargos de la administración pública y que no está relacionado necesariamente con los salarios.
En varios casos se observan pagarés o deudas a cobrar sin especificar la identidad del deudor; es decir, no hay una trazabilidad de esos activos. Es el caso de Javier Díaz Verón, quien en el 2007 tenía pendiente recibir G. 20 millones de algún deudor, monto que subió a G. 150 millones en el 2015, cuando ya se desempeñaba como fiscal general del Estado. Sin embargo, una de las cifras más llamativas presentó Óscar Cachito Salomón, a quien cuatro personas a quienes sí identificó en su declaración jurada le deben más de G. 900 millones.
Hay otros casos hasta jocosos como el del diputado Néstor Ferrer, quien declara bien muebles, pero ningún inmueble donde pueda albergarlos, a menos que los guarde en uno de los casi 20 negocios, viviendas y granjas que tiene su padre, Albino Ferrer, quien en el 2015 tenía un patrimonio neto de más de G. 9.000 millones.
En los egresos mensuales se pueden discriminar los tipos de gastos que tienen las autoridades. Entre los servicios básicos figuran los domésticos, donde aparecen pagos desde tan solo G. 800.000. Aquí aparece nuevamente Díaz Verón, quien declaró que pagaba ese monto a dos trabajadores domésticos, al igual que el diputado Tomás Rivas, ambos tienen causas en la Justicia por enriquecimiento ilícito y cobro indebido de honorarios, respectivamente. En el caso de Rivas, hacía figurar a sus empleados particulares como funcionarios de la Cámara Baja, donde cobraban una remuneración.
Otra autoridad que no llegaba a pagar siquiera el 60% del salario mínimo a este sector es el senador Blas Llano, aunque tampoco queda atrás el propio Julio Mazzoleni, ministro de Salud. En el 2018 declaró que destinaba por servicios domésticos G. 1.800.000 mensuales.
Claro que los datos no detallan si se trata de un horario laboral a tiempo completo o parcial. Una desventaja de las declaraciones juradas es justamente que se trata de datos generales. Lo cierto es que desde mediados de 2019 la ley exige el salario mínimo para las trabajadoras domésticas tras una larga lucha que continuará hasta el pleno cumplimiento de la normativa y que también implica una transformación cultural de los “patrones”.
SIGUIENTE PASO. La ciudadanía goza sus derechos de contralora de la administración pública y lanza datos e hipótesis. Sin embargo, es la Justicia la que debe investigar inconsistencias en las declaraciones de bienes, especialmente en casos en que los patrimonios se multiplican, sin mucha participación de remuneraciones, sino de otro tipo de ingresos no especificados. Ese es el siguiente desafío; que se abran investigaciones ante casos sospechosos de enriquecimiento ilícito y que los administradores de la Justicia intenten desalentar la delincuencia que se observa en los estamentos de poder.
