El diputado de Colorado Añetete Hugo Ramírez presentó ayer el proyecto de ley “que requiere la presentación del certificado sanitario para la asistencia a eventos masivos, tramitar el ingreso al país y demás actividades que establezca el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”.
La propuesta indica que deberá ser obligatorio que toda persona que esté en la franja etaria habilitada por el Ministerio de Salud para la vacunación contra el Covid-19, presente un certificado con el esquema de vacunación completo, para asistir a las actividades masivas o ingresar al país. La vacunación debió haber sido aplicada al menos 14 días antes del evento o viaje.
“Los propietarios, gerentes, encargados de establecimientos y/o organizadores de eventos serán los responsables de cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente ley y, de ser necesario, podrán solicitar la intervención de la Policía Nacional”, aclara el proyecto.
De igual forma, indica que si estos no cumplen con la normativa, serán sancionados con multas de hasta 500 jornales mínimos diarios, y todo lo recaudado será destinado al Ministerio de Salud para el tratamiento de personas afectadas por el Covid-19.
En cuanto a las personas que deseen ingresar al país, la Dirección General de Migraciones será la encargada de velar por el cumplimiento de la ley.
“No podemos convertirnos en un refugio de países antivacunas”, apuntó Ramírez.
El proyecto señala además que las autoridades de aplicación de la ley serán las municipalidades, en cooperación con la Policía Nacional. En tanto que será el Ministerio de Salud el responsable de la reglamentación.
Debate. La presentación del proyecto desencadenó inmediatamente un debate sobre si es o no constitucional.
“Lo que plantea el presente proyecto de ley es proteger un derecho de primera línea, de rango constitucional, como es el de la salud. La Constitución Nacional, en sus artículos 68 y 69, declara dicha protección y la promoción del derecho a la salud como fundamental, proveyendo las condiciones dentro de un sistema nacional de salud, recursos, planes y políticas integradas al desarrollo social”, menciona el proyectista en su argumentación.
Algunos cartistas adelantaron su desacuerdo. El diputado Walter Harms dijo que no apoyará la propuesta.
“Anticipo mi rotundo desacuerdo y mi voto por el rechazo de este proyecto de ley. Va en contra de los derechos constitucionales y riñe con toda lógica en estos momentos que vivimos”, aseveró el legislador.
Ramírez indicó que la vacunación es la única manera de no colapsar el sistema de salud y evitar volver a parar todo y afectar la economía.
“Al ser un país con claras desventajas y un índice de pobreza muy alto, vemos los innegables resabios de una economía muy golpeada y un sistema de salud que aún no se recupera”, sostuvo.
Sobre las personas que no quieren vacunarse, dijo que se respetará su decisión, pero el Estado debe cuidar a los vacunados, separándolos de los que deciden no hacerlo, porque podrían ser potenciales portadores del virus, generando de esa manera un ciclo interminable de contagios.
“Lo que se pretende es restringir ciertos derechos en pos de salvaguardar un interés superior, colectivo, que es el de la salud pública mayoritaria. En consecuencia, cuando los estados impulsan programas de vacunación, deben sopesar los diferentes intereses. Por lo tanto, no solo los intereses del individuo que tal vez no quiera ser vacunado, sino por sobre todo los intereses colectivos de personas que se beneficiarán con altas tasas de vacunación”, indicó.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta la fecha un total de 3.480.651 personas recibieron al menos una dosis, mientras que 2.983.107 recibieron las dos. De la población objetivo, 1.062.303 personas todavía no recibieron ninguna dosis.
