El presidente del Incoop, Pedro Loblein, acudió este martes ante la Comisión de Investigación de Lavado de Dinero y brindó detalles sobre la intervención realizada en la Cooperativa San Cristóbal y sus sospechas sobre lavado de dinero.
Loblein explicó que, durante la intervención, se detectaron préstamos concedidos de un monto 770% superior a la capacidad de pago. “Lo máximo permitido es de entre 30 a 40% de la capacidad de pago. Lo irregular es que personas sin capacidad de pago recibieron sumas muy importantes”, dijo.
En la mayoría de los casos de créditos irregularmente concedidos, los socios no abonaron una sola cuota de los compromisos. Entre ellos figura el diputado colorado cartista Basilio Núñez, quien forma parte de la comisión.
El titular del Instituto del Cooperativismo relató que otra de las irregularidades también tiene relación con los descuentos de cheques a los que solo 70 de los 75.000 socios de la cooperativa accedían.
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“Un solo socio giraba cheques y otro socio hacía descuentos. Otros siete socios presentaban siempre cheques del mismo girador. Aquí entra la violación de todo el servicio de descuentos de cheques y llegaba el momento de orden de no pago, denunciado como robado o chequera cancelada, todo como para que no haga efectivo el pago. La cooperativa no hizo nada para subsanar la situación”, dijo.
Asimismo, el Incoop determinó que las cinco instancias de control de la cooperativa funcionaban respecto a lo establecido en el protocolo.
Pedro Loblein reconoció que durante la pandemia del Covid-19 no se realizaron intervenciones presenciales y expuso que los informes presentados por las cooperativas son en carácter de declaración jurada. Admitió que no se cuenta con la capacidad de rechequeo de los datos.
Durante la sesión de este martes, el presidente de la Comisión Bicameral, Jorge Querey, aseguró que las informaciones brindadas por el titular del Incoop exponen que en la Cooperativa San Cristóbal ingresó dinero del narcotráfico.
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“Estamos hablando de delitos conexos muy graves. La cooperativa se convirtió en un brazo de la organización criminal”, dijo el senador Querey.
El Incoop es el ente regulador que tiene a su cargo unas 650 cooperativas en todo el país. El organismo es el encargado de velar por el funcionamiento regular de las instituciones financieras.
Otras sospechas de lavado de dinero e irregularidades fueron detectadas anteriormente por el Incoop en las cooperativas Capiatá y la de la Cámara de Diputados. Los informes fueron remitidos a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad).
