El partido vencedor obtenía automáticamente dos tercios (66%) de las bancas parlamentarias, sin importar la diferencia con que haya ganado. El tercio restante era repartido entre los opositores de manera proporcional a sus votos.
Nadie cuestionaba demasiado este esquema, pues la ANR ganaba las farsas electorales del stronismo con alrededor del 90% de los sufragios. Stroessner necesitaba un Parlamento con cierta presencia opositora para mostrar al mundo. Y la oposición colaboracionista aceptaba con gusto participar con la condición de “portarse bien”.
El dictador no mentía cuando sostenía que las elecciones eran tan limpias que “hasta le regalamos votos a la oposición”.
Durante su largo gobierno, el Partido Colorado se adueñó de todos los espacios políticos y estatales. Aquello sí fue un copamiento absoluto. El poder omnímodo de Stroessner solo era comparable al de Gaspar de Francia y el de los dos López. Toda la función pública hasta su última rendija fue coloradizada.
En esa situación, los límites de la gestión del poder eran definidos por el propio partido de Gobierno, obediente a Stroessner. Éste determinaba hasta dónde era tolerable la crítica periodística; dosificaba la violencia represiva; repartía los negocios y las tierras del Estado y decidía quiénes podían entrar o salir del país. El autoritarismo solo era contenido por el remanente valiente de la prensa y la oposición, por parte de la influyente Iglesia católica y, sobre todo, por las voces del exterior.
En 1989 cayó la dictadura. Ni el más delirante de los protagonistas de aquellos días podría imaginarse que más de tres décadas después, con democracia política y elecciones creíbles, volveríamos a hablar de copamiento, mayorías parlamentarias absolutas y opositores colaboracionistas. La propensión de la historia a ser circular y repetitiva alcanza la desmesura en nuestro clásico cementerio de las teorías políticas.
La hegemonía colorada, esta vez obtenida por vías legítimas, nos retrotrae al pasado. La ANR maneja, dependiendo del tema, más de dos tercios del Parlamento. Fíjese que Beto Ovelar fue electo presidente de la Cámara de Senadores con 30 de 45 votos posibles, lo que representa el 66.6%. Llegó a esa cifra gracias al apoyo de ocho diputados supuestamente “opositores”. Y Raúl Latorre preside la Cámara Baja gracias a 58 votos de 80 posibles, lo que hace el 72.5% del total. También contó con el voto de diez diputados “opositores”. Ya lo ve, supremacía colorada reforzada con sufragios colaboracionistas. Un reprise de lo vivido en dictadura, pero con las reglas de la democracia.
¿Cómo se llegó a este estado de cosas? La respuesta es compleja y merece reflexiones más amplias. Lo relevante es que, como era de esperar, el cartismo ha decidido hacer pleno uso de esa mayoría y eso tendrá consecuencias ominosas para nuestra débil institucionalidad democrática. Lo empezamos a ver en estos días. Todos los jueces y fiscales de la República saben a partir de ahora que su actuación será juzgada por un órgano -el Jurado de Enjuiciamiento- que está presidido por el senador David Rivas, quien “adora a Cartes” y tiene problemas de lectura de textos simples. Quiero ver cuál de ellos arruina primero su carrera investigando o castigando a algún amigo del patrón.
Lo mismo en el Consejo de la Magistratura. La influencia del “significativamente corrupto” Jorge Bogarín Alfonso sigue intacta y, por primera vez, no hay presencia opositora. Es decir, formalmente, sí, pero son liberales cartistas, tan dóciles como los “geniolitos” de antaño.
Este escenario sin contrapeso augura un futuro con impunidad, tráficos ilegales y crimen organizado. Habrá que afrontarlo. Se vienen tiempos fieros, pero construidos con legitimidad electoral.
