El juez de Sentencia Héctor Capurro será objeto de un sumario administrativo por presuntamente haberse quedado dormido durante el juicio oral a Camilo Soares por presuntas irregularidades en la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
Así lo dispuso este martes el Consejo de Superintendencia de la Corte, informó desde tribunales el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
El coprocesado en la causa, Alfredo Guachiré, recusó a los jueces de Sentencia la semana pasada, alegando razones sanitarias por la pandemia del coronavirus. Además, argumentó que uno de ellos, Héctor Capurro, se quedó dormido en medio del juicio.
El ex director de la Unidad Operativa de Contrataciones de la SEN también publicó fotos en redes sociales donde presuntamente se ve al magistrado durmiendo en la audiencia oral y pública.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppA raíz de esto, el Consejo de Superintendencia ordenó el sumario y además remitió los antecedentes del caso a la Oficina de Ética Judicial.
Corte deberá destrabar causa
Ante nuevas recusaciones presentadas por Guachiré, ahora la Corte Suprema de Justicia deberá destrabar el caso. La defensa del ex funcionario de la SEN recusó a seis camaristas y a tres jueces de primera instancia, para evitar que prosiga el juicio oral y público.
Las recusaciones a los magistrados de segunda instancia deberán ser resueltas por la Sala Penal de la máxima instancia judicial. Una vez que esto suceda, un tribunal de Apelaciones podrá a su vez resolver la recusación planteada por Guachiré en contra de todo el tribunal de Sentencia que lo juzga.
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Tras haber recusado al tribunal de Sentencia, el acusado por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos recusó a los camaristas Pedro Mayor, Gustavo Ocampos, Gustavo Santander, Viviana Benítez, Delio Vera y José Agustín Fernández.
Hasta tanto esto no se resuelva, no puede continuar el juicio oral a Soares y Guachiré.
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El juicio empezó este mes, pero el proceso comenzó en 2010. La defensa ya planteó la prescripción del proceso, pero esto fue denegado.
La investigación fiscal concluyó que hubo un perjuicio patrimonial de G. 1.224.976.100, mediante la sobrefacturación en la compra de alimentos en general y coquitos, para varios departamentos declarados en emergencia durante el gobierno de Fernando Lugo.
