corrupción
El tribunal de apelación confirmó las condenas de Patricia Samudio, ex presidenta de Petropar, y su esposo José Costa Perdomo por el desvío de G. 359 millones durante la pandemia del Covid-19. El caso es conocido como “agua tónica”.
El intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, restó importancia a su imputación por el caso “detergentes de oro” en la pandemia y augura su sobreseimiento.
El presidente de la Junta Municipal de Ñemby, Óscar Valinotti, presentó ante el Ministerio de Interior el pedido de intervención de la Municipalidad. Es la segunda vez que intentan fiscalizar la gestión de Tomás Olmedo (ANR-HC), sobre quien pesa una imputación por presunta corrupción.
Por cuarta vez, los abogados del ex gobernador de Central Hugo Javier recusaron al juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien anunció que pedirá la sanción de los representantes legales.
El senador Mario Varela oficializó su pase al cartismo hace apenas una semana y, de ser un colorado disidente, pasó a ser un férreo defensor de Horacio Cartes. Considera que la sanción de EEUU es de interés político porque el afectado es el líder del partido de Gobierno.
Para el abogado Marcio Battilana, especialista en leyes estadounidenses, la información que entregó Tabesa para salir de la lista negra se usó en su contra para ratificar la sanción. Explicó que la medida rige para operaciones en dólares y que siempre hay posibilidades de salir de la lista.
Para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), el proyecto de ley del cartismo se sustenta en una falacia con la intención de limitar la participación ciudadana en los asuntos públicos. Advierten, además, que viola la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Los senadores rechazaron por unanimidad el proyecto del cartista Yamil Esgaib que reduce la pena hasta en un 50% a los funcionarios corruptos que devuelven el dinero robado. Argumentaron que la propuesta promueve la impunidad y viola los principios de igualdad entre las personas al momento de enfrentar a la Justicia.
La Fiscalía allanó una oficina del Indert en el marco de una investigación por el supuesto pedido de coima de parte de funcionarios para la titulación de un asentamiento. Sin embargo, desde el Ministerio Público desmintieron tal afirmación.
El Tribunal de Sentencia ratificó la prisión del ex gobernador de Presidente Hayes, Óscar Venancio Núñez, hermano del senador Bachi Núñez, por el desvío de más de G. 50.000 millones. Debe cumplir una pena de 11 años de prisión.
En una movilización conocida como Corruptour, un grupo de ciudadanos exigió al fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, que avancen las causas contra personas procesadas por corrupción para ponerle fin a la impunidad y a la injerencia política en las investigaciones.
El coordinador global Anticorrupción de Estados Unidos, Richard Nephew, se reunió este lunes con el presidente paraguayo, Santiago Peña, donde hablaron de la lucha contra la corrupción como clave para la seguridad nacional y como una prioridad para el país norteamericano.
Hace 35 años comenzamos a transitar la senda de la democracia, tras vivir 35 años en una dictadura que despreciaba la vida, la libertad y los derechos. En el transcurso de estas tres décadas hemos vivido algunos sobresaltos, pero sin dudas la democracia, con todas sus imperfecciones, ha logrado sostenerse. Hoy, nos enfrentamos al gran desafío de vencer el cáncer de la corrupción que destruye a la sociedad, así como el clientelismo que atenta contra el principio de la igualdad, tal como se expresa en los insultantes casos de nepotismo.
Paraguay continúa como segundo país más corrupto en Sudamérica después de Venezuela, según el ranking de la organización alemana Transparency International, que evalúa a 180 países del mundo.
El Ránking de la organización alemana Transparency International ubica a Paraguay como el segundo país más corrupto de Sudamérica, solo por detrás de Venezuela y por delante de Bolivia. A nivel de continente, somos el sexto más corrupto.
Las operaciones sospechosas de lavado de dinero reportadas en el segundo semestre del 2023 contemplan un monto superior a USD 1.400 millones. Los delitos vinculados en su mayoría son la corrupción, la evasión impositiva y el narcotráfico.
Las comunidades del Chaco paraguayo que viven muy alejadas –sobre todo geográficamente– de los centros de poder, viven en una suerte de eterno vía crucis. Mientras ellos padecen la falta de vías de comunicación y de infraestructura de servicios públicos básicos y son golpeados por todas las emergencias climatológicas, sus autoridades electas no solamente no trabajan para lograr el bienestar de sus electores, sino que además, cuando son investigados por presunta corrupción pública siempre permanecen impunes.
Paraguay subió del puesto 11 a la tercera posición de actores criminales en el mundo, destacándose su influencia dentro de la sociedad y del Estado, según el índice global de crimen organizado. Los hallazgos coinciden con los casos de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción vinculados a la clase política.
Según la investigación del Instituto de Derecho y Economía Ambiental, presentada a la Contraloría de la República sobre perfiles de autoridades públicas que presentan inconsistencias, se ha notado un crecimiento patrimonial en el caso de varias autoridades. La Contraloría afirma que iniciará un examen de correspondencia para corroborar si hubo crecimiento patrimonial indebido. No obstante, independientemente de las denuncias, debe preocuparnos como sociedad lo que representa hoy la política para los paraguayos.
Un funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS) fue detenido este viernes mientras marcaba su ingreso debido a las pruebas que lo vinculan a la rosca que exigía dinero a cambio de cargos y ascensos. Suman seis las personas investigadas.
Según un informe publicado por el Ministerio Público en el año 2023, se obtuvieron comisos de activos, multas, reparación del daño social y recuperación de dinero a favor del Estado por valor total de G. 16.019.281.768 a través de emblemáticos casos de corrupción.
Tras las impactantes revelaciones que se obtuvieron con la operación Dakovo, que logró exponer tan explícitamente los alcances del crimen organizado en cuanto al tráfico de armas, sobrevino una situación por de más escandalosa: la implicación de altos militares en actividades criminales. Esta fue sin dudas una dolorosa comprobación del elevado nivel de infiltración del poder mafioso dentro de las instituciones del Estado paraguayo. Además de ser profundamente vergonzoso, esto implica un ataque a la democracia.
El Congreso Nacional rompió récord esta semana con el proyecto de la ley de superintendencia; los senadores tardaron 15 minutos para aprobar; los diputados 11 minutos. En una convulsionada jornada, los diputados también aprobaron ley que suaviza penas para corruptos y los senadores salvaron al cartista Hernán Rivas, acusado de tener un título falso de abogado. Y como les quedó tiempo, también mutilaron la ley de puerta giratoria. Este es el espantoso combo navideño que el Parlamento le ofrece al pueblo paraguayo.
El ex gobernador de Presidente Hayes, Óscar Ñoño Núñez, fue condenado este viernes a 11 años de cárcel por un perjuicio económico superior a G. 42.500 millones (unos USD 5,7 millones) a la citada Gobernación chaqueña. Núñez es hermano del senador cartista Basilio Bachi Núñez y logró evitar el proceso por ocho largos años.
El gobernador del Guairá, César Luis Sosa Fariña, presentó este lunes su informe público de gestión por los 100 días de Gobierno y en la ocasión aseguró que con su equipo combatirá la corrupción y las mentiras.
Decir que se alarga la definición del juicio contra Insumos Médicos SA (Imedic) por el supuesto contrabando de camas hospitalarias durante la pandemia del Covid-19 sería un eufemismo. La Fiscalía acusa al clan Ferreira de traer en el 2020, desde China, junto con los insumos médicos para la pandemia, 50 camas hospitalarias que trataron de ingresar en forma ilegal para evadir impuestos. El sinuoso proceso por hechos que acontecieron hace ya tres años, en plena situación de crisis mundial, podría figurar en los manuales de la impunidad.
La Cumbre de Poderes, encabezada por el presidente Santiago Peña, finalmente presentó la Estrategia Nacional contra la Corrupción. Además, invitan a la ciudadanía a aportar sus propuestas o comentarios para mejorar el plan.
La visita del funcionario del Departamento de Estado de EEUU, coordinador adjunto global en Anticorrupción, Brendan Boundy, quien mantiene reuniones con el sector público y privado, es un recordatorio del gran desafío que enfrentamos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. En Paraguay el desafío es mayor, pues la corrupción, que es endémica, tiene como principal respaldo a la impunidad, a su vez reforzada por una Justicia parcialista. Urgen acciones más eficaces antes de que sea demasiado tarde para el sistema democrático.
El obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela, en su homilía de este domingo cuestionó a los corruptos de las comunidades cristianas y los tildó de “grandes desmemoriados”.
Un ex funcionario del Ministerio de Hacienda viene eludiendo a la Justicia desde hace 21 años. En una de sus causas, fue denunciado en el 2002, por el entonces ministro Óscar Stark, por haber desviado a su cuenta personal más de G. 1.724 millones de los fondos del Banco Mundial. Se trata de otro caso de impunidad a un hecho de corrupción pública como resultado de maniobras y chicanas judiciales. Estos hechos solamente consiguen socavar, más aún los cimientos del sistema democrático.
Una campaña internacional sostiene que Paraguay aún sigue siendo un “cuasi paraíso fiscal”, ante la baja presión fiscal. Cuestiona la falta de acciones del Poder Judicial ante los niveles de corrupción y demanda mayor inversión en educación.