Corrupción policial
El juez Gustavo Amarilla admitió la imputación contra Lourdes Chamorro, por supuesta complicidad con el suboficial Roberto Osorio, sospechoso de enriquecimiento ilícito en el caso del negociado de combustible de la Policía Nacional.
Agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional detuvieron este jueves a una mujer que trabaja como playera en una estación de servicios de Asunción.
Por una cuestión de confiabilidad y para evitar que se apañen hechos de corrupción, el ministro del Interior, Francisco de Vargas, determinó una auditoría externa a la Policía, mientras que esta institución, por su parte, realiza controles internos, luego de hacerse público el desvío de cupos de combustible.
El ministro del Interior, Francisco de Vargas, aclaró que no se trata precisamente de un faltante de G. 7.000 millones en la Policía Nacional, sino de un manejo irregular en la adquisición de combustible por ese valor sin tener un respaldo contractual.
El abogado Oscar Andrés Rotela afirmó que su cliente, el suboficial Roberto Osorio, es “el último eslabón” en el escándalo del negociado de combustibles en la Policía Nacional. Además sostuvo que temen por la vida del uniformado recluido en Tacumbú.
El comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, reveló un faltante de G. 7.000 millones en la institución, de acuerdo a los resultados preliminares de las auditorías. Dijo que serán transparentes y continuarán con las investigaciones.
El ministro del Interior, Francisco de Vargas, reconoció que el manejo administrativo de la Policía Nacional era para favorecer a la corrupción. Señaló que muchos otros casos saldrán a luz pública tras las auditorías realizadas. Además, admitieron un faltante de G. 7.000 millones.
¿Quieren acallarlo? El suboficial Roberto Osorio se presentó hoy a declarar ante el Ministerio Público. Aseguró que recibió amenazas de muerte en Tacumbú, donde está recluido.
Este lunes, el suboficial Roberto Osorio se presentó a declarar en la Fiscalía por el caso de desvío de cupos de combustible en la Policía Nacional, que ya desencadenó en varias imputaciones y cambios en la cúpula policíal.
La Fiscalía sospecha que hubo irregularidades en otras adquisiciones que hizo la Policía Nacional, por lo que siguen investigando, manifestó este lunes el agente fiscal Aldo Cantero.
El ex comandante de la Policía Nacional, comisario general Francisco Pastor Alvarenga Núñez, adquirió 2 departamentos en el edificio Arasá 2, Benjamín Constant y Colón, hace 4 meses, según informes telefónicos de los administradores al fiscal Aldo Cantero. Ambos fueron unificados y se terminó de equipar hace unas 3 semanas, dejándolo bien lujoso, y ayer el Ministerio Público allanó el inmueble.
Una comitiva policial-fiscal allanó este domingo el edificio Arasa 2 ubicado en Benjamín Constant casi Colón. No se encontraron documentos pero se confirmó que era una oficina rentada por el ex comandante Francisco Alvarenga.
Una comitiva policial-fiscal allanó este sábado una estancia del ex comandante, Francisco Alvarenga, en Mbocayaty del Yhaguy (Cordillera). No se encontraron documentos pero se confirmó que la casa está a su nombre y que el casero era su sobrino.
El nuevo comandante de la Policía Nacional, el comisario Críspulo Sotelo, instó a los uniformados a trabajar honestamente y se refirió a la corrupción dentro de la Policía.
Ex comandante utilizaba la camioneta Toyota Hilux incautada el pasado martes en un estacionamiento céntrico. El rodado figura a nombre de Ada Liz Da Rosa; sin embargo, su llave estaba en la Comandancia.
En la tarde de este viernes, una comitiva policial-fiscal realizó un allanamiento a un departamento que era habitado por un supuesto testaferro del suboficial Roberto Osorio, en el marco de la investigación por el desvío de combustibles en la Policía Nacional.
El comisario principal Juan Mendoza prestó declaración indagatoria este viernes ante el fiscal Aldo Cantero. Nuevamente, el uniformado negó estar vinculado en el negociado de combustible dentro de la Policía Nacional. Aseguró que ni bien se percató de las irregularidades, fue él mismo quien dio aviso.
El juez Gustavo Amarilla libró el oficio de embargo para los bienes del comisario Juan Mendoza y la esposa del suboficial Roberto Osorio, Ada Liz da Rosa Franco. También se comunicó a la Comandancia sobre la prohibición de salir del país para ambas personas.
Ante las declaraciones que vinculan a Petróleos Paraguayos (Petropar) al desvío de cupos de combustible en la Policía Nacional, el fiscal Aldo Cantero dijo que la investigación se extenderá hasta la petrolera, pero luego de finiquitar indagaciones en la cúpula policial.
El titular de Petropar, Rómulo Campos, fue tajante al expresar que la institución a su cargo no es la responsable del control y uso de las tarjetas entregadas a la Policía Nacional. Indicó que la estatal simplemente brinda el servicio.
El comisario Juan Mendoza, imputado en el negociado de combustible, cuestionó que desde Petróleos Paraguayos (Petropar) hayan otorgado tantas tarjetas sin su firma y acusó que el suboficial Roberto Osorio le mintió. Mendoza declara hoy a las 09.00 ante la Fiscalía.
Los funcionarios de la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) que recepcionaron las solicitudes de tarjetas libres para la Policía Nacional, dieron curso a los pedidos, a pesar de que ninguno contenía la firma del encargado de dichos trámites. Este era el comisario principal Juan Mendoza, girador de la Comandancia y Tesorero del Programa 2.1.1 de Implementación del Plan Estratégico Policial, para la provisión de combustible.
La red de empleados de estaciones de servicios simulaba compras de combustible y entregaba dinero en efectivo a personas aún no identificadas. Los tres playeros detenidos son de una sola gasolinera.
Un total de 15 comisarios fueron relevados de sus puestos en distintos cargos. El cambio dentro de la cúpula policial se realizó luego del escándalo que salpicó a la Policía Nacional tras el negociado con los cupos de combustible para las patrulleras y otros vehículos de dicha institución.
El juez Gustavo Amarilla impuso una fianza de G. 700 millones para la esposa del suboficial Roberto Osorio, Ada Liz Da Rosa, y de G. 500 millones para el comisario principal Juan Mendoza. Ambos están imputados por el negociado de vales de combustible de Petropar.
Durante el acto de asunción de las nuevas autoridades policiales, el ministro del Interior, Francisco de Vargas, advirtió que será implacable con aquellos que utilizan los cargos y la camaradería “para llenarse los bolsillos”.
El comandante destituido, Francisco Alvarenga, entregó el cargo aconsejando a su sucesor que no solo tenga en cuenta la parte de seguridad sino también lo administrativo. También dijo que ahora es el más vapuleado por el hecho de corrupción, pero que demostrará su inocencia ante la Justicia.
El comisario Críspulo Sotelo asumió oficialmente este jueves la Comandancia de la Policía Nacional en reemplazo del destituido Francisco Alvarenga. El Gobierno decidió cambiar a la cúpula policial tras el escandaloso desvío de cupos de combustible.
La defensa del comisario Juan Mendoza, imputado por el desvío de combustible en la Policía Nacional, asegura que fue su cliente quien alertó sobre el hecho y que posteriormente Petróleos Paraguayos (Petropar) se hizo eco y comunicó oficialmente el ilícito al Ministerio del Interior.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) solicitó al ministro del Interior, Francisco De Vargas, que revea el nombramiento como nuevo subcomandante de la Policía de Luis Marecos, por los antecedentes de violación a los derechos humanos que pesan en su contra.