Se cambia el discurso, pero no la práctica. Los cacareados anuncios de que se racionaliza el gasto público y se busca acabar con el nepotismo no son reales. Los políticos y las autoridades siguen
considerando que el Estado es un botín a entera disposición, para acomodar a los parientes.
Un informe publicado ayer por este diario muestra cómo solo tres clanes familiares, dos de ellos pertenecientes al oficialista Partido Colorado (ANR) y otro a la principal fuerza de oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se llevan 7.000 millones de guaraníes al año del erario público.
Es el caso de los hermanos y legisladores Javier y Justo Zacarías Irún, de Honor Colorado. Una hermana, Margarita Zacarías de Mieres, es funcionaria de la Corte Suprema. La hija de Justo, Natasha Zacarías, percibe más de G. 20 millones en Itaipú. Su hermano Alejandro es concejal municipal de Ciudad del Este, con 21 millones. Carlos Hernán Mieres Zacarías, sobrino de Javier y Justo, está en Itaipú con 15 millones. Francisco Zacarías Cubilla, primo, es miembro del Tribunal Electoral de Alto Paraná, con 20 millones y además 8 millones en la Universidad Nacional del Este. Su esposa, Licia Aguirre, está en Itaipú, con 40 millones. Víctor Zacarías Cubilla, hermano de Francisco, está en la Justicia Electoral. La jueza Tania Irún también es prima de los Zacarías Irún.
Otro caso es el del diputado Roberto González Segovia, de Colorado Añetete, que cobra G. 32.774.840, y otros 5.075.160 como miembro del Consejo de la Magistratura. Su hija Rocío está en Yacyretá, con 13.028.400. Su hijo Roberto está en Cajubi, con cerca de G. 20 millones. Su hermano, el ex diputado Víctor González, es consejero en Itaipú, donde cobra más de 80 millones, y el yerno Sebastián Zunini Bernard está en Yacyretá.
También se expuso el caso de los dirigentes liberales Enrique Salyn y Enrique Antonio Buzarquis. Sus hermanos Víctor y Jamyl están en la nómina de Diputados, el primero con G. 10.300.000, comisionado a la Gobernación de Caaguazú, y el segundo cobra 6.800.000, también comisionado en su propia región. Otra hermana, Fátima Buzarquis Cáceres, es funcionaria del Ministerio Público, con 7 millones, comisionada a la Gobernación de Caaguazú. La madre de los Buzarquis, Olga Cáceres, es concejal municipal en Coronel Oviedo, con más de G. 10 millones. La esposa de Enrique Salyn, Fiorella Forestieri, es funcionaria de la Justicia Electoral, con más de 11 millones. Griselda Maidana Sosa, esposa de Víctor Buzarquis, está en el Ministerio de Defensa Pública, con 17 millones, y en la Universidad Nacional de Caaguazú. Milton Buzarquis Rivas, primo, está en Aduanas, con más de 23 millones. La prima Deine Buzarquis Rivas, en el Congreso, percibe más de G. 18 millones.
La Ley de la Función Pública y la que prohíbe el nepotismo son letra muerta en muchas instituciones. La propia Corte Suprema de Justicia -que debería dar el ejemplo- ha dictado acciones de inconstitucionalidad contra normas para racionalizar el gasto público, reservándose la opción de seguir contratando a quienes quieran, en nombre de una supuesta independencia presupuestaria. Mientras no se logre cortar esta nociva práctica, muy poco se podrá avanzar.