Cada semana se devela un nuevo escándalo de privilegios de parlamentarios y funcionarios, sin que la crítica y el repudio social influyan en mínima medida en quienes ostentan dichas ventajas. Hay algo descompuesto y que afecta la moral de nuestra clase política, la cual no tiene reparos para disfrutar de la repartija de beneficios, dando salarios millonarios a bachilleres, mientras profesionales con amplia formación son mal remunerados, y los enfermos se debilitan esperando un turno en la salud pública o el medicamento que les alivie.
Durante la misa en Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela afirmó que en el país existen muchos casos en que los administradores y gobernantes piensan en su bienestar material y no en los demás. También puso en duda la empatía de las autoridades hacia la ciudadanía que soporta necesidades y sufre pobreza extrema, falta de atención adecuada en salud y, como en el caso de los campesinos y productores, falta de acompañamiento y servicios esenciales para mejorar la calidad de vida.
Casi en la misma línea, la empresaria sojera y antigua dirigente colorada Claudia Ruser señaló que el Parlamento que elegimos es lo que estamos recibiendo como castigo y como una forma de unirnos en la miseria y en la necesidad, así también es el Parlamento el que no acompaña ni impulsa una política de austeridad ni demuestra empatía por la ciudadanía.
Respecto a los privilegios de congresistas dijo: “Estos beneficios deberían estar destinados a sectores como las personas de la tercera edad, jóvenes, mujeres y jefas de familia, que representan a la mayoría y reflejan la dura realidad del país. No corresponde que un legislador tenga una jubilación porque se trata de cargos electivos. Los cargos electivos no tienen jubilación. Decimos que no tenemos la capacidad de atajar eso, pero tenemos un sistema electoral que hace que tengamos en nuestras manos el arma más poderosa de eliminar a todos los que no trabajan con los objetivos que debería tener un parlamentario”.
A diario somos testigos de las innumerables falencias en nuestra salud pública, esas precariedades menoscaban la dignidad de las personas y lesionan los derechos y la dignidad de la gente. Nos falla la memoria a los ciudadanos en el momento de recordar los agravios: como aquel degradante trato que recibió una joven, quien dio a luz en el piso de la sala de Urgencias del Hospital Nacional de Itauguá, lo que puso en evidencia no solo la atención deshumanizada que recibe la población, sino además el problema de la sobrecarga laboral a la que están expuestos los profesionales de blanco en los hospitales públicos. En estos días, los medios se hicieron eco de la historia de una persona de 70 años que debe someterse a una cirugía de cadera, pero no logra conseguir un turno, y ya lleva casi un año sufriendo los dolores.
En la realidad paralela en la que viven los congresistas, contratan a bachilleres por elevados salarios, gastan 3.682 millones de guaraníes al año en asesores y ahora los honorables parlamentarios pretenden recuperar los cupos de combustible y seguro privado de salud, que habían sido recortados durante la pandemia del Covid-19 por austeridad.
El equilibrio de poderes está desbalanceado y tenemos un bajo nivel de representación, es ya inaceptable que se extiendan los padecimientos de la gente mientras una minoría goza de privilegios sostenidos por los contribuyentes.
La clase política debe estar atenta a las señales de impaciencia de una ciudadanía que les reclama a diario poder vivir con dignidad y tener calidad de vida.
