Nos estamos enfrentando a una no muy reciente situación, pero que rápidamente se extiende por barrios y ciudades: El microtráfico de drogas, que crece impune y se propaga, recluta niños, adolescentes y jóvenes para la distribución de las sustancias ilegales y los está embarcando ahora en una verdadera guerra por el dominio territorial de diferentes grupos de traficantes. Debemos enfrentar la realidad de que este negocio ilegal cuenta con apoyo político y que solo un Estado que cumple con su función podría detener esta tragedia social.
Barrios en la capital y en el Departamento Central están sufriendo una escalada de violencia urbana generada por los enfrentamientos que desde hace un tiempo se están convirtiendo en una sangrienta guerra entre integrantes de clanes por el dominio de la comercialización de estupefacientes.
Los hechos llenan a diario las páginas de los periódicos y relatan hechos como la emboscada que miembros del Clan Rotela habrían montado contra dos supuestos miembros del Primer Comando Capital (PCC), que terminó con dos muertos: Un adolescente de tan solo 14 años y un joven de 20 años, asesinados a tiros en plena calle en el barrio Puerto Pabla, de la ciudad de Lambaré.
Los vecinos del Bañado Sur de Asunción claman por más seguridad por los constantes enfrentamientos a balazos entre integrantes de pandillas, por la disputa del territorio del microtráfico, y claman: “Exigimos que la vida sea digna y segura en el Bañado Sur”. Una vecina subrayaba que les preocupan los tiroteos, pero también la pérdida de vidas jóvenes. Reclaman que las propuestas que llegan desde el Gobierno, como el “Chau Chespi” o el “Vamos a estar mejor”, no se aplican en los territorios del Bañado Sur.
El informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional ubica a Paraguay liderando posiciones en el índice global de crimen organizado transnacional, lo que es coherente con la realidad que vemos a diario; Paraguay es el ambiente perfecto para el avance del crimen organizado. La debilidad del Estado permite el desarrollo de tráfico de drogas, armas, contrabando, crímenes medioambientales y trata de personas.
Como explica el doctor en criminología Juan Martens, nos encontramos ante el afianzamiento territorial de los grupos delictivos. Nada de esto sería posible sin la complicidad de autoridades electas y funcionarios. Recordemos el poder que ejercía dentro de la cárcel de Tacumbú Javier Rotela, conocido como el zar del microtráfico, quien presuntamente encabezaba una red de venta de drogas al menudeo y fue quien creó el delivery de crac en Asunción. Esto no hubiera sido posible sin complicidad.
También resulta muy grave la estrategia de utilizar a personas menores de edad, niños y jóvenes quienes, por ser inimputables, garantizan que no puedan ser detenidos. Es triste, sin embargo, constatar cómo fue creciendo esta “subcultura criminal” que refiere el criminólogo, a través de la cual niños y adolescentes van normalizando ese sistema de valores diferenciados del resto de la sociedad en donde se ven como positivas acciones violentas.
Cortar los tentáculos de los traficantes que reclutan a niños y jóvenes y destruyen sus vidas no pasa exclusivamente por montar operativos policiales. Nada de eso ayudará a resolver el problema si el Estado no comienza a desarrollar políticas públicas que contrarresten la oferta de los narcos. Eso es que el Estado debe estar presente en las comunidades, debe ofrecer alternativas a los niños, adolescentes y jóvenes para que puedan asistir a la escuela y al colegio, recibir atención en salud, crear más igualdad en el acceso a la universidad y al empleo digno, así como también a las actividades recreativas y a la práctica de los deportes. Sin esto, las medidas represivas no aportarán solución alguna y el país irá perdiendo más soberanía.
