El fallo del magistrado Alexandre de Moraes, responsable del caso en el alto tribunal, atendió una petición de la Fiscalía General, que ve indicios de “conductas delictivas” ante las acciones “abusivas y contundentes” que han realizado ambas plataformas contra la iniciativa legislativa.
Google y Telegram han publicado en las últimas semanas textos criticando el llamado “proyecto de ley de las fake news”, que tramita en el Congreso desde 2000 y pretende regular las redes sociales y endurecer el control sobre los contenidos que circulan en ellas.
En el caso del buscador, difundió en su versión brasileña un artículo titulado “El PL (proyecto de ley) de las ‘fake news’ puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil”.
La publicación estaba firmada por el director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Brasil, Marcelo Lacerda, y fue retirada poco después del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva amenazar con sanciones a la compañía, si lo mantenía en el aire.
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Telegram también cargó contra el proyecto en otro duro mensaje que disparó a sus usuarios en el que lo calificó como un intento de “censura” y un “ataque a la democracia”, y afirmó que su aprobación significaría el fin del “internet moderno”.
Ello provocó una contundente decisión de De Moraes, quien amenazó con suspender la plataforma, si no publicaba una rectificación en la que reconociera que su texto “caracterizó una flagrante e ilícita desinformación, que atenta contra el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Estado de Derecho y la Democracia Brasileña”.
En este marco, la Fiscalía General, tras una denuncia presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, solicitó a la máxima instancia judicial del país investigar a los responsables de las dos empresas tecnológicas en Brasil.
Según la acusación, Google y Telegram han incentivo a sus usuarios a presionar a los parlamentarios para que votasen en contra del proyecto de ley, que iba a ser analizado en el pleno de la Cámara Baja la semana pasada, pero fue pospuesto ante el riesgo de que fuera rechazado.
El proyecto de ley penaliza la divulgación de informaciones falsas en redes sociales y obliga a las plataformas a eliminar contenidos que se consideren inapropiados antes de una decisión judicial, entre otras medidas.
