El Supremo Tribunal debe resolver un recurso de casación que impusieron los condenados María Carolina Vázquez y Ricardo Ruiz Díaz. Los representantes legales afirman que esta indecisión de la Corte puede hacer que la causa prescriba.
En el 2014 un Tribunal de Sentencia condenó a ambos a dos años de prisión con suspensión de la pena al comprobarse que falsearon el acta de nacimiento con la que le dieron a una niña el apellido de ambos, siendo que el padre es Silva Velázquez.
El recurso fue interpuesto en fecha 26 de octubre de 2017 y desde entonces no hay respuesta.
Las investigaciones comenzaron en el año 2010, cuando el denunciante se entera a través de la institución donde estudiaba su hija que la niña ya no contaba con su apellido.
Desde la escuela le afirmaron que la madre de la pequeña, en compañía de su actual pareja, acudió a dicho centro educativo presentando un nuevo certificado de nacimiento original y la fotocopia autenticada de una nueva cédula de identidad de la menor.
En el documento, según la denuncia, se podía constatar el cambio de los datos personales de la menor, específicamente el apellido paterno y el número de cédula.
Desde entonces, comenzaron los trabajos investigativos llevados adelante por la fiscala Ariela Chaparro. La fiscala obtuvo un informe del Departamento de Identificaciones de la Policía en el cual se podía apreciar que existían dos documentos de identidad correspondientes a la niña.
Debido a esto se llegó a un juicio oral, donde se comprobó la falsificación.
DENUNCIA POR PRESTACIÓN. El padre de la niña, además de denunciar la falsificación, indicó que en su contra iniciaron un juicio por asistencia alimentaria. La denuncia habría sido realizada por María Vázquez, pese a que desde que le sacaron una cédula con la nueva identidad sin su apellido ya no podía verla.
Estos hechos fueron reconocidos por los acusados durante la investigación.
El caso encierra la particularidad de que la niña cuenta con dos documentos de identidad, diferentes y válidos a la vez, ya que la Justicia aún no se expidió totalmente sobre el caso.
Los denunciantes afirman que el caso es grave, porque se trata de la identidad de una persona.
En la mira
El Ministerio Público también se encuentra investigando a funcionarios del fuero civil del Poder Judicial y un abogado que alteraron datos de juicios de sucesión en el sistema. Dos funcionarios, auxiliares administrativo y judicial, están en la mira. La sospecha es que se quiso hacer una redirección de expedientes electrónicos para que caigan en ciertos juzgados, había explicado la fiscala del caso, Irma Llano.