Manifiestan que, de acuerdo con la Ley N° 5162/2014 del Código de Ejecución Penal de Paraguay, la ejecución de condenas firmes debe garantizarse sin obstáculos indebidos, permitiendo la aplicación efectiva de las penas y evitando estrategias que busquen eludir su cumplimiento. Sin embargo, pese a la claridad de esta normativa, los juzgados de ejecución y tribunales de sentencia, han optado por no recepcionar ni remitir respectivamente expedientes de condenas firmes para su cumplimiento cuando existen acciones de inconstitucionalidad pendientes, lo que constituye una omisión grave en la correcta aplicación del Código de Ejecución Penal.
“Instamos a la Corte a adoptar medidas para establecer un instructivo claro y una acordada sobre la ejecución de condenas firmes, evitando el manejo discrecional de los expedientes que favorecen la impunidad de los procesados penalmente”, menciona la nota remitida a César Diesel, titular de la CSJ.
ALGUNOS CASOS. Algunos casos de corrupción pública con condenas firmes sin ejecución son el del ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Raúl Fernández Lippmann sentenciado en el caso de audios filtrados; el del ex contralor José Enrique García condenado por producción de documentos no auténticos; el ex intendente de Arroyito Samuel González condenado por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos; el ex diputado Carlos Soler condenado por haber pedido coima cuando era funcionario del Indert; Justo Cárdenas, ex titular del Indert, condenado por lesión de confianza, y Celso Manuel Alvarenga, ex funcionario del Poder Judicial condenado por estafa y lesión de confianza, entre otros.
La Coordinadora señala que la falta de voluntad política, la presión de sectores de poder y la corrupción dentro del Poder Judicial han generado un ambiente donde incluso los fallos de la más alta instancia pueden quedar sin aplicación. Afirman que la Sala Penal de la Corte debe asumir su rol con firmeza y exigir el cumplimiento de sus decisiones. Asimismo, el Consejo de la Magistratura (CM) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deben actuar con rigurosidad para sancionar a jueces que obstaculizan la ejecución de sentencias. “Si la Máxima Instancia Judicial dicta resoluciones que no se cumplen, el problema no es solo la corrupción, sino la consolidación de un Estado paralelo donde las decisiones judiciales son letra muerta frente al poder de facto. Paraguay necesita una Justicia que tenga la capacidad y la voluntad de hacerlos cumplir”, menciona el pronunciamiento.
