Por dos votos a uno, la Sala Penal de la Corte confirmó la extinción del caso de los vaciadores del Banco Paraguayo Oriental (BPO). Esto pese a hacer lugar a la casación de los fiscales Alba Delvalle y René Fernández.
En la causa se juzgaba a los directivos de la institución a más de los del Banco Central del Paraguay (BCP) por lesión de confianza y asociación criminal, que dejaron una pérdida de 135 mil millones de guaraníes.
Con el fallo, fueron beneficiados Hermes Gómez Ginard (ex titular del BCP), Ramón Guillén Ortiz, Luis Roque Arnella Serna, Dionicio Coronel, Jorge Schreiner y Álvaro Caballero Carrizosa. Asimismo, los procesados Valeria Ortiz de Esteche, Wai Fu Chan (ex presidente del BPO) y Nelson Eugenio Méndez Morínigo.
Votaron a favor de la extinción los ministros Sindulfo Blanco y Wildo Rienzi (poco antes de dejar su cargo), mientras que la presidenta de la Corte, Alicia Pucheta, opinó que debía realizarse un nuevo juicio oral y público.
Según el Ministerio Público, los procesados habían otorgado créditos a parientes y amigos dejando un perjuicio de unos 135 mil millones de guaraníes.
No obstante, la pérdida podría ser mayor, teniendo en cuenta que el Estado paraguayo era el mayor ahorrista del BPO. Así, según las estimaciones, en realidad podrían ser unos 240 mil millones de guaraníes. Tenían dinero en el banco el Instituto de Previsión Social, el BCP, la ANDE, el Conavi, a más de otras entidades públicas.
Los ministros Blanco y Rienzi –quienes votaron en mayoría– hicieron una nueva contabilidad del plazo para los acusados y entendieron que ya se operó la prescripción. Sin embargo, anularon el fallo del tribunal de Apelación, Tercera Sala, y la sentencia dictada por los jueces del tribunal de Sentencia, conformado por Andrés Casati, Blanca Gorostiaga y Gloria Hermosa.
Pucheta de Correa entendía que se debía realizar el reenvío; es decir, remitir la causa a la secretaría del Tribunal de Sentencia para que se realice un nuevo juicio oral y público, pero su voto fue en minoría.