La Corte Suprema de Justicia confirmó a la fiscala Raquel Fernández en la investigación del caso del crimen del joven político Rodrigo Quintana, asesinado en el interior de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en la madrugada del 1 de abril del 2017, en el marco de las protestas contra el proyecto cartista de reelección presidencial.
Está procesado el suboficial de Policía Gustavo Florentín, como supuesto autor del mortal disparo.
La representante del Ministerio Público fue recusada en dos ocasiones y además fue enjuiciada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño de funciones.
La agente fiscal se negó a realizar un cruce de llamadas solicitado por la querella adhesiva, como diligencia fundamental, que tenía un plazo de seis meses para ser obtenido, transgrediendo el criterio de objetividad establecido en el artículo 54 del Código Procesal Penal.
Según la querella, el cruce de llamadas es un elemento importante e involucraría a autoridades en la muerte de Quintana, pero la fiscala consideró la prueba como “impertinente”.
La agente del Ministerio Público es una de las fiscalas que mantuvieron conversación telefónica con Raúl Fernández Lippmann, ex secretario del Jurado, procesado por tráfico de influencia.